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» Tiempo San Juan
Fecha: 27/12/2025 15:08
Luego de la denuncia penal de Marcelo Arancibia por corrupción en la obra del Acueducto Gran Tulum, un escándalo que señala presuntos vicios en la contratación y devela una conexión con Gustavo Monti, el primo del ex gobernador Sergio Uñac, el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Sebastián Gómez, inició una investigación preliminar y, en ese marco, la medida que más impacto generó fue abrir paso a la conformación de la parte querellante. Es que, según indicaron fuentes allegadas, el Ministerio Público envió un oficio a la Fiscalía de Estado para que se presente -si así lo considera- como parte en la instrucción previa a la formalización. Es que, de resultar ciertas las sospechas, quien resultaría perjudicado sería el Estado Provincial. Es por ello que el fiscal consultó si la cuestión era objeto de su interés y si se conformarían como querellantes. Consultado por este diario, el Fiscal del Estado Sebastián Dávila anticipó que, si el patrimonio de la Provincia se veía afectado, indudablemente se constituirían en querella. Por tal motivo, se espera que la contestación del oficio sea positiva. En tal caso, como parte del proceso, los querellantes podrían solicitar medidas para la investigación e impulsarla a su manera. Los primeros pasos de la instrucción que tiene a la cabeza al fiscal Gómez, pero que también cuenta con un equipo especialmente conformado para la tarea, dada la complejidad de la causa, tuvo foco en solicitar información con oficios a organismos como OSSE, la Cámara de Diputados y el propio Estado Provincial, en las áreas que habrían intervenido en la construcción de la obra pública bajo la lupa. Si bien se desconocen los motivos que causaron los requerimientos, lo cierto es que hay una causa preliminar por corrupción en la justicia penal sanjuanina y el dato es revelador. Mientras se cumplen los plazos del procedimiento, son 90 días que puede tomarse el fiscal para reunir la mayor cantidad de pruebas y elementos que le permitan sospechar -o no- sobre la comisión de un delito. La semana pasada, la novedad había sido que el representante de Delitos Especiales, entre sus primeras medidas, solicitó una aclaración al denunciante. El dirigente de GEN San Juan, que tomó conocimiento de las sospechas a partir de las publicaciones de Tiempo de San Juan y como ciudadano acudió a la Justicia, en su presentación mencionó una serie de delitos que se habrían producido en perjuicio de la Administración Pública con la contratación de una empresa que todavía no finalizó los trabajos y, entre las figuras previstas en el Código Penal se hallaba el enriquecimiento ilícito. En ese sentido, el representante del Ministerio Público que instruye la investigación, cuyo plazo podría extenderse hasta 6 meses más, le pidió a Arancibia que identificara quiénes serían los presuntos autores del enriquecimiento ilícito y cuáles serían los bienes, dado que el mismo aludía a una fecha límite. Sin embargo, el denunciante respondió que, como no es objeto de la denuncia, no podía aportar esos datos. En consecuencia, lo que intentó Arancibia, acorde explicó, fue dejar por sentada la sospecha y quizás así tratar de interrumpir la prescripción. En la denuncia, refería al 10 de diciembre, cuando vencía el plazo de 2 años para investigar por ese delito a quienes fueran funcionarios públicos hasta el 10 de diciembre de 2023. Altas fuentes indicaron que los informes solicitados a los organismos públicos -intervinientes en la licitación y la obra- servirán para recopilar información técnica y administrativa relevante. En ese marco, se revisarán licitaciones, certificaciones, compras de materiales y contratos, vinculados endeudamiento con Kuwait por 100 millones de dólares, lo que comenzó a pagarse según relató el ministro Roberto Gutiérrez. Mientras se indaga de forma preliminar y se intenta determinar si existió la presunta comisión de un delito, la denuncia de Arancibia aseguró que podrían ser administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencia, posible cohecho y hasta una asociación ilícita administrativa.
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