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» El Zonda
Fecha: 27/12/2025 15:03
El gobierno de Córdoba presentó un proyecto que establece multas y sanciones destinadas a padres, tutores o responsables legales que no cumplan con el Calendario Nacional de Vacunación para niñas, niños y adolescentes. Esta iniciativa forma parte de una actualización al Código de Convivencia Ciudadana, con el fin de robustecer las políticas públicas de salud y convivencia social. El texto establece que serán sancionados quienes omitan asegurar la vacunación obligatoria de menores bajo su responsabilidad. Además, la reforma regula otros aspectos como la actividad de cuidacoches, limita la labor de limpiavidrios en la vía pública y amplia las sanciones para proteger a profesionales de salud, educación y seguridad. La normativa incorpora el artículo 75 bis para penalizar la falta de vacunación, incluyendo multas, arresto o trabajo comunitario en centros asistenciales o hospitales públicos. En casos de reincidencia, las sanciones triplican los mínimos y máximos previstos. Asimismo, se obliga a efectores de salud y funcionarios a denunciar vulneraciones al derecho de vacunación. El proyecto fue analizado en la Comisión de Seguridad de la Legislatura de Córdoba con vistas a su tratamiento en sesión. Paralelamente, se evalúan propuestas para fomentar campañas de sensibilización, como el Programa "Vacunación Segura, Comunidad Saludable", que busca mejorar el acceso y la confianza en las vacunas. También se contempla declarar a agosto como el "Mes de la Vacunación" provincial, coincidiendo con la Ley Nacional Nº 27.491, durante el cual se despliegan acciones de promoción y se garantiza la gratuidad y equidad en el acceso a las inmunizaciones. Esta medida se suma al antecedente de Mendoza, donde el gobierno inició procesos judiciales contra padres que no vacunaron a sus hijos. Allí, amparados en la Ley 27.491, se realizaron 10 denuncias en respuesta al aumento nacional de enfermedades como sarampión y coqueluche, motivado por la caída en las tasas de vacunación. Las autoridades sanitarias mendocinas definen esta acción como un avance en la protección de la salud pública, centrando la prevención en la vacunación infantil obligatoria.
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