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» Agencia Nova
Fecha: 27/12/2025 15:02
La discusión por el Presupuesto 2026, los vencimientos de deuda y la postergada Reforma Laboral conviven con una inquietud que atraviesa a toda la administración: una economía que no arranca y salarios que no logran recomponerse. En Casa Rosada reconocen que, más allá del ruido político, reactivar la actividad se volvió la prioridad silenciosa del Gobierno. En un primer momento, la Ley de Leyes fue impulsada por los gobernadores, que reclamaron deudas pendientes, fondos para cajas previsionales, obra pública, coparticipación del impuesto a los combustibles y Aportes del Tesoro Nacional. Con el correr de los meses, el escenario cambió y al reclamo federal se sumó con fuerza el ministro de Economía Luis Caputo, interesado en eliminar los límites a los canjes de deuda fijados durante la gestión de Martín Guzmán. Presupuesto nacional 2026: Con el equilibrio fiscal y el déficit cero no se come, no se cura, dijo el Gobernador de Salta Jorge Kurrle (@jorgekurrle) December 21, 2025 El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, advirtió hoy sobre la posibilidad de que Argentina cierre otro año sin una ley de presupuesto y manifestó su pic.twitter.com/blShsU0dOI El trasfondo es delicado. Argentina enfrenta vencimientos por más de 17 mil millones de dólares en 2026, mientras el Fondo Monetario Internacional exige acumulación de reservas y los acreedores externos esperan señales de previsibilidad. En ese contexto, las proyecciones oficiales del Presupuesto, crecimiento del 5 por ciento, inflación del 10,1 anual y dólar a 1423 pesos, fueron cuestionadas por Unión por la Patria, que las calificó de inviables. El trámite legislativo dejó heridas abiertas. La Cámara de Diputados dio media sanción, pero rechazó el capítulo que eliminaba la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, dos áreas que ya habían sido vetadas por el Ejecutivo. Aun así, la necesidad de contar con margen fiscal para afrontar pagos en dólares llevó al oficialismo a permitir que el texto avanzara al Senado sin modificaciones. En Balcarce 50 admiten que, si aparecen gastos no previstos, los fondos podrían salir de partidas ya asignadas, una advertencia que encendió alertas en las provincias, especialmente en Catamarca y Tucumán. También hubo cruces con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tras su frase con déficit cero no se come ni se cura, que generó respuestas irónicas desde el entorno presidencial. En paralelo, sectores del radicalismo y aliados pusieron el foco en ajustes previstos en Educación, Ciencia y Defensa, y advirtieron que cualquier cambio obligaría a que el Presupuesto vuelva a Diputados antes de fin de 2025, o quedaría automáticamente prorrogado el actual. Tanto el jefe de Gabinete Manuel Adorni como el ministro del Interior Diego Santilli aseguraron que no habrá vetos, aunque sí reasignaciones. El fantasma de lo ocurrido con Guillermo Francos sobrevuela el debate. La posibilidad de que partidas votadas no se ejecuten reavivó acusaciones de abuso de autoridad, mientras el oficialismo se ampara en la Ley de Responsabilidad Fiscal para justificar restricciones al gasto. Puertas adentro, incluso legisladores dialoguistas advierten contradicciones: recortes en áreas sensibles, viajes oficiales, compras militares y crecimiento del empleo estatal, prácticas que consideran propias de la política tradicional. En ese clima, la Reforma Laboral, postergada para febrero por falta de consensos, aparece como el próximo gran campo de batalla. En el Gobierno asumen que aprobar o no el Presupuesto no frenará el plan económico, pero sí anticipan un choque inevitable con un Congreso atado a las demandas provinciales. La apuesta libertaria, coinciden incluso voces aliadas, será demostrar en los próximos dos años que el programa puede mejorar la vida de las mayorías, en una Argentina donde los proyectos políticos tienen fecha de vencimiento y la paciencia social se agota rápido.
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