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» Mdzol
Fecha: 27/12/2025 15:02
La reciente aprobación del proyecto de cobre en Uspallata(Mendoza), volvió a encender un conflicto que excede largamente a un emprendimiento puntual. Lo que está en discusión no es solo una mina, ni siquiera la minería, sino algo más profundo y estructural: cómo se decide el uso del agua en un país con desigualdades hídricas, tensiones productivas y urgencias sociales. Tras más de una década de debates, el proyecto fue aprobado en un clima de fuerte polarización. De un lado, sectores que ven en la minería una oportunidad de desarrollo, empleo e inversión; del otro, una ciudadanía movilizada que expresa un temor legítimo por la protección del agua, un recurso escaso y vital en una provincia históricamente condicionada por su disponibilidad hídrica. Reducir este escenario a una disputa entre progreso y ambientalismo es no entender el verdadero fondo del problema. El caso Uspallata es apenas la punta del iceberg de discusiones que serán cada vez más frecuentes en Argentina. A medida que el país busque diversificar su matriz productiva y enfrentar los efectos del cambio climático, los conflictos por los usos del agua entre consumo humano, producción, energía, agricultura y minería se volverán más visibles, más intensos y más políticos. Hablar con claridad Hoy existe tecnología en el mundo para desarrollar una minería ambientalmente responsable. Sistemas de recirculación, reducción del consumo hídrico, tratamiento de efluentes y monitoreo en tiempo real forman parte de estándares que ya se aplican en numerosos países. El desafío no es negar la actividad, sino exigir reglas claras, controles efectivos y compromisos verificables que garanticen que el agua no sea la variable de ajuste. En este sentido, es falsa la dicotomía entre desarrollo y extractivismo. Argentina no está obligada a elegir entre crecimiento económico o cuidado ambiental. El verdadero desafío es construir equilibrios inteligentes, donde la explotación de recursos estratégicos conviva con la protección de bienes comunes esenciales. Plantear el debate en términos absolutos solo profundiza la grieta y paraliza decisiones que requieren madurez institucional. Verdad incómoda El conflicto está en la profunda desigualdad en el acceso al agua en nuestro país. Mientras algunas regiones enfrentan restricciones crónicas, otras cuentan con potenciales que no están adecuadamente integrados en una visión federal de la infraestructura hídrica. Pensar en la interconexión del territorio mediante grandes acueductos o verdaderas autopistas del agua ya no debería ser una idea marginal, sino parte de una estrategia nacional de seguridad hídrica. Otro punto clave es el destino de los beneficios económicos. Las regalías generadas por proyectos de este tipo deben tener un correlato directo en la ampliación del acceso al agua potable y al saneamiento, especialmente en comunidades que hoy no cuentan con servicios adecuados. Agua y exportaciones Si el agua es el recurso más sensible involucrado, es lógico que una parte sustancial de los retornos económicos se reinvierta en garantizar ese derecho básico. Finalmente, como país exportador, Argentina debe comenzar a hacer valer el agua incorporada en sus productos, incluyendo minerales críticos como el cobre. El concepto de agua virtual no es una abstracción académica, sino una herramienta concreta para repensar nuestra inserción en la economía global y fortalecer nuestra posición en negociaciones internacionales, incorporando el valor real de nuestros recursos naturales. El caso Uspallata no se resolverá solo con una aprobación legislativa ni con una protesta en la calle. Requiere un debate más profundo, informado y honesto sobre qué modelo de desarrollo queremos y, sobre todo, qué lugar le damos al agua en ese modelo. Esa es la verdadera grieta que hoy nos atraviesa y también la oportunidad de empezar a cerrarla con políticas públicas, tecnología y diálogo social. * Gonzalo Meschengieser. CEO Cámara Argentina del Agua. Médico Sanitarista MN. 117.793
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