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Buenos Aires » AmbitoWeb
Fecha: 27/12/2025 14:41
Tras un extenso debate legislativo, el gobierno de Javier Milei logró aprobar una pieza central para su gestión: el Presupuesto 2026. Allí, el jefe de Estado dispuso un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial mayorista de $1.423 para diciembre. Por otro lado, en el proyecto aprobado por la Cámara alta, la gestión libertaria también fijó las principales pautas de la política fiscal, financiera, comercial y presupuestaria para el próximo año. Presupuesto 2026: las claves del proyecto aprobado por el Senado La proyección económica: dólar, inflación y balanza comercial El Presupuesto aprobado traza para 2026 un escenario macroeconómico ambicioso. El texto oficial proyecta una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial mayorista de $1.423 para diciembre. Justamente este último supuesto es uno de los que concentra más críticas, ya que el dólar mayorista ya se ubicó por encima de ese nivel aun antes de que comenzara la discusión parlamentaria. Las previsiones oficiales también se muestran más exigentes que las del mercado en materia de precios y actividad. Mientras el Gobierno calcula una inflación interanual del 24,5%, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubica esa variable en 20,2%. Algo similar ocurre con el crecimiento: el proyecto presupuestario parte de una suba del PBI del 5,4%, frente al 4,4% que proyectan los analistas privados. En el frente externo, el documento reconoce un deterioro significativo del intercambio de bienes y servicios. De acuerdo con las cifras incluidas, el déficit comercial se ampliaría desde u$s2.447 millones en 2025 hasta u$s5.751 millones en 2026. Se trata de un dato que genera ruido dentro de un programa económico que tiene como uno de sus ejes centrales el equilibrio de las cuentas externas. Gastos sociales El Presupuesto 2026 vuelve a alinearse con la estrategia fiscal que impulsa el Gobierno y consolida un sendero de reducción de los subsidios económicos, con especial énfasis en energía y transporte. El planteo oficial apunta a profundizar la focalización del gasto, de modo que la asistencia estatal quede dirigida a los sectores de menores ingresos. En paralelo, el esquema de transferencias a las provincias no incorpora fondos discrecionales adicionales y se limita a los envíos automáticos previstos por la legislación vigente. Este fue uno de los ejes más cuestionados durante el debate parlamentario, donde legisladores de distintas jurisdicciones advirtieron sobre la falta de margen financiero para atender las necesidades locales. El proyecto también contempla las partidas del sistema previsional y de los programas sociales actualmente en funcionamiento. El Gobierno defiende el proyecto asegurando que el gasto social crecerá en términos reales. En particular, se contempla un aumento del 5% en las partidas destinadas a jubilaciones, del 17% en salud y del 8% en educación. Según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en 2026 las prestaciones sociales - que agrupan jubilaciones, planes sociales y asignaciones familiares - mostrarán un aumento real del 5,7%. Dentro de ese conjunto, las partidas destinadas a jubilaciones crecerán 6% en términos reales. No obstante, el informe advierte un ajuste en el bono extraordinario para quienes cobran la mínima: los fondos asignados caerán 13,8% real, lo que supone mantener el beneficio en $70 mil, congelado desde marzo de 2024, durante todo el año próximo. De esta manera y con estas previsiones, la jubilación mínima tendría una baja real cercana al 1% en 2026, mientras que el resto de los haberes registraría un incremento del 2,2%. Por otro lado, el relevamiento de la OPC también señala una reducción del 10,6% real en los recursos destinados a las pensiones por discapacidad, explicada por un recorte de 155 mil beneficios. En contraste, las asignaciones familiares muestran una dinámica más favorable. Para 2026 se proyecta un aumento real del 3,7% respecto del cierre estimado de 2025, con una suba del 6,4% real en el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Distinto es el panorama para otros programas sociales. La prestación Alimentar - el complemento de la AUH destinado a la compra de alimentos - tendrá el año próximo una caída real del 15,2% frente al gasto ejecutado en 2025. En la misma línea, los fondos asignados a comedores comunitarios exhiben un recorte del 28,9%. El ajuste es aún más marcado en los programas de empleo. De acuerdo con la OPC, el Presupuesto prevé una contracción real del 70,6% en los recursos del programa Volver al Trabajo, orientado a la capacitación laboral de personas de hasta 49 años. Esto implicaría una reducción del 66% sobre los $ 78 mil que perciben actualmente los cerca de 950 mil beneficiarios. Los cambios en el manejo de la deuda pública Entre los puntos centrales del Presupuesto 2026 aparece el artículo que faculta al Poder Ejecutivo a intervenir activamente en la gestión de la deuda pública. La iniciativa otorga al Ministerio de Economía margen para avanzar con canjes, reestructuraciones y distintas operaciones financieras, con el objetivo de ordenar el cronograma de pagos y aliviar el perfil de vencimientos en los próximos años. Financiamiento educativo El Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso incorpora una modificación estructural en materia educativa al dejar sin efecto el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que establecía un piso de inversión equivalente al 6% del PBI. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), desde la sanción de esa norma en 2005 ese umbral solo se cumplió una vez, en 2015. Para el próximo año, la función Educación y Cultura - que concentra el total del gasto del sector, independientemente de la jurisdicción - contará con asignaciones por $ 7,7 billones. Si se ajusta esa cifra por la inflación proyectada por el propio Gobierno, el resultado es una contracción real del 1% en comparación con 2025 y un recorte mucho más profundo, del 47,7%, frente a los niveles de 2023. Para las universidades nacionales, el Presupuesto prevé recursos por $4,8 billones lo que refleja una caída del 7,2% en relación a 2025 y del 34,3% con respecto a 2023. Al desagregar las partidas, la ley prevé unos $90 mil millones destinados al sistema de vouchers educativos, lo que implica una baja real del 13,5% respecto del año en curso. Desde el oficialismo atribuyen esa reducción a la menor cantidad de solicitudes de asistencia registradas durante 2025. En sentido contrario, los recursos asignados a becas educativas incluido el programa Progresar mostrarían un incremento real del 4,1%. Impuestos En materia fiscal, el Presupuesto traza para 2026 un escenario de fuerte expansión de los ingresos. El cálculo oficial prevé un crecimiento real del 11% en la recaudación tributaria, impulsado por una mayor actividad económica. En ese marco, el Ministerio de Economía estima que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) captará $90,3 billones en impuestos, por encima de los $73,6 billones proyectados para 2025. El texto que obtuvo aval parlamentario no incorpora nuevos tributos ni contempla subas de alícuotas. Desde el oficialismo remarcaron que el Presupuesto 2026 apunta a consolidar un marco de estabilidad impositiva, con la apuesta puesta en que la recuperación de la economía funcione como principal sostén de los recursos del Estado. En paralelo al debate presupuestario, el Congreso sancionó la denominada ley de inocencia fiscal, una iniciativa orientada a introducir modificaciones en el régimen de penalidades y en los mecanismos de fiscalización. Los capítulos de la discordia Tal como se señaló, el Presupuesto 2026 incorporó una modificación de peso en el esquema educativo al derogar el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que establecía un piso de inversión del 6% del PBI. El oficialismo logró avanzar con ese cambio durante la votación por capítulos, donde la iniciativa fue aprobada con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. No fue la misma suerte para el Capítulo 11, que quedó en el camino en la Cámara de Diputados. El texto que generó controversia - y finalmente fue rechazado - contenía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, dos de los ejes más sensibles del debate parlamentario a lo largo del año. Ese mismo capítulo concentraba además una serie de reformas estructurales en materia fiscal e institucional. Entre otros puntos, avanzaba sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires - un conflicto histórico entre la Nación y el distrito porteño y proponía cambios en el esquema de financiamiento del Poder Judicial. El articulado también incluía la eliminación del régimen de zonas frías, que subsidia el consumo de gas en regiones de bajas temperaturas, y la supresión del mecanismo de movilidad de las asignaciones familiares. Desde la oposición advirtieron que ambas iniciativas implicaban un recorte directo en los ingresos de amplios sectores de la población, argumento que terminó inclinando la votación en contra del Capítulo 11. Dentro de ese apartado, el artículo 70 establecía específicamente la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que habilitaba a que los montos dejaran de ajustarse por la movilidad previsional y quedaran sujetos a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. Como consecuencia del rechazo de ese capítulo, las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad continúan vigentes.
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