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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 27/12/2025 13:05
La Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el Poder Ejecutivo, fue sancionada este viernes en el Senado y se convirtió en una de las herramientas centrales del gobierno de Javier Milei para incentivar el blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal y reformular el esquema de control tributario. La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), a la Ley de Procedimientos Fiscales (11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación, además de crear un Régimen de Declaración Jurada Simplificada para determinados contribuyentes. Uno de los ejes principales es la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias, mediante el cual según el Gobierno quienes adhieran quedarán blindados para siempre frente a eventuales revisiones patrimoniales. El esquema establece un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para acceder al beneficio. Bajo este régimen, los contribuyentes no deberán informar variaciones patrimoniales ni estarán sujetos al control de sus consumos personales. En consecuencia, ARCA solo cobrará el Impuesto a las Ganancias en función de los ingresos facturados, descontando los consumos declarados, sin considerar el crecimiento del patrimonio. El artículo 39 del proyecto establece el efecto liberatorio del pago, siempre que el contribuyente acepte el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y cancele el impuesto en término, salvo que se compruebe la omisión de ingresos. En materia penal, la ley eleva de manera significativa los montos mínimos para la configuración de delitos tributarios. El umbral para considerar la evasión simple pasa de 1,5 millones de pesos a 100 millones, mientras que la evasión agravada solo se configurará cuando el monto supere los 1.000 millones de pesos, dejando atrás el piso anterior de 15 millones. Además, se dispone la reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que baja de cinco a tres años. En ese marco, ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela la deuda y los intereses correspondientes, aunque este beneficio podrá utilizarse una sola vez por persona. La norma también prevé que, si la denuncia aún no fue presentada, la acción penal quedará extinguida cuando el contribuyente regularice su situación pagando un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación. Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, contempla un endurecimiento de las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de término, con el objetivo de sostener la recaudación y el cumplimiento formal.
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