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  • Con acuerdos parciales y amenazas de demandas, los gobernadores presionan por fondos previsionales

    Buenos Aires » AmbitoWeb

    Fecha: 27/12/2025 05:38

    La pulseada billonaria por las deudas que Nación mantiene con las cajas previsionales de distintas provincias sigue sumando capítulos. Lejos de un final definitivo, el Gobierno logró sellar acuerdos parciales con algunos distritos, pero arrecian más demandas ante la Corte Suprema, que intercedió en casos específicos con resultados dispares. Entre 2024 y 2025, la Casa Rosada pudo acercar posiciones con las administraciones de Chaco, Córdoba, Entre Ríos y, más recientemente, La Pampa. Con todas ellas acordó un cronograma de pagos en cuotas para empezar a paliar las acreencias millonarias que mantiene con sus sistemas jubilatorios. Sin embargo, más allá de la letra de molde, los frentes de tormenta se mantienen abiertos. Esta semana, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, amenazó con activar la vía judicial y llevar el lunes ante la Corte la pulseada por fondos previsionales. El líder patagónico reclama más de $51.000 millones para la caja chubutense. Desde que asumimos nuestra gestión de gobierno venimos reclamando por esta situación. Para que se entienda: a nuestros contribuyentes, que tienen en Chubut su propia caja previsional y siguen aportando, la Nación les debe nada más y nada menos que más de 51.000 millones de pesos, detalló. Al respecto, Torres indicó que el Estado debería haber subsanado la deuda desde el año 2017 y denunció "los reiterados incumplimientos" por parte del Gobierno nacional. Tras poner sobre la mesa la posibilidad de acudir a tribunales, el mandatario fue recibido este viernes por el ministro del Interior, Diego Santilli, en búsqueda de desactivar la estocada. "Nacho quiere cerrar un acuerdo como ya hicieron La Pampa, Chaco, Entre Ríos y Córdoba. De lo contrario, evalúa presentar una demanda ante la Corte", dijeron a Ámbito en el entorno del cacique. Tiempista, el dirigente amarillo sacudió el avispero en el tramo final de las negociaciones por el Presupuesto 2026, justo antes de la sesión en el Senado. Pulseada de larga data Para comprender el quid de la cuestión, hay que remontarse a 1994, durante la gestión de Carlos Menem. Por entonces, 13 provincias decidieron no transferir sus cajas previsionales a la órbita del Estado. Se trata de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Formosa, La Pampa, Misiones, Chaco, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Aunque la pelea es de carácter histórico y trasciende las banderías políticas, lo cierto es que la urgencia de los gobernadores por fondos se agravó al calor de la administración de Javier Milei. Con el repliegue de Nación de distintos frentes, como salud y educación, y la delegación de facultades, los mandatarios decidieron pisar el acelerador para salvar sus sistemas previsionales. "Nunca las provincias tuvimos tantas responsabilidades y tan pocos recursos", suele repetir el mediterráneo Martín Llaryora para dar cuenta de la situación. Precisamente, Llaryora es uno de los caciques que lograron un acuerdo con el Gobierno a través de una medicación de la Corte Suprema. En mayo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se comprometió a transferir $60.000 millones a partir de ese mismo mes, en 12 cuotas mensuales de $5.000 millones cada una. Las partidas, sin embargo, no formaban parte de los montos judicializados, que según la gestión cordobesa rondan los $17.000 millones mensuales. En el Panal dan cuenta de que Nación está cumpliendo con los desembolsos. De todas maneras, apelan a que los montos sean mayores. El 26 de noviembre pasado, en una nueva audiencia ante el máximo Tribunal, el Gobierno se mostró inflexible al respecto. La vigencia del entendimiento suscripto en mayo es hasta abril. Se espera que, antes de esa fecha, las partes suscriban uno nuevo. Llaryora aspira a subir la cuota a $10.000 millones por mes. Mientras tanto, avanza la auditoría para establecer la deuda total. "Vamos por 2022, tenemos que llegar a 2025 para establecer el nuevo acuerdo", indicaron a Ámbito fuentes provinciales. Con ese conflicto como telón de fondo, la Legislatura cordobesa aprobó días atrás, por impulso del gobernador, la ley de Equidad Jubilatoria, que establece cambios profundos en el sistema previsional del distrito. Entre ellos, implementa una nueva escala progresiva de aportes personales, el pago de un adicional no remunerativo que representa un incremento de hasta el 82% del haber bruto para los beneficiarios que perciben hasta $1.300.000 y la reducción alcance del aporte solidario. "Gran parte de estos problemas se resolverían si la Nación la paga a Córdoba lo que le debe desde hace muchísimo tiempo. Por eso seguimos reclamando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras eso no suceda, nuestra obligación es buscar soluciones alternativas para solventar parte de ese déficit", detalló Llaryora en un video. La medida abrió un conflicto con gremios estatales y docentes, entre otros, que denunciaron un aumentode los aportes "a espaldas de los sindicatos, incumpliendo el compromiso público de no aplicar cambios en el proyecto de ley y de reunirse con todos los gremios para trabajar en su reglamentación". El 16 de diciembre pasado, luego de un audiencia de mediación convocada por la Corte Suprema, La Pampa alcanzó un acuerdo mediante el cual ANSES desembolsará $62.500 millones para la caja previsional. El monto acordado será transferido de la siguiente manera: inicialmente $ 2.500 millones, y el resto en doce cuotas mensuales y consecutivas de $ 5.000 millones desde enero de 2026, correspondiéndole a los municipios y comisiones de Fomento de la provincia el 11,73 % de los pagos recibidos, sumas que les serán transferidas ante cada desembolso de la ANSES. En el plano político, la curiosidad es que fue el primer entendimiento de este tipo alcanzado entre la gestión libertaria y un gobernador abiertamente opositor como el peronista Sergio Ziliotto. En sus redes sociales, Ziliotto agradeció la intermediación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de Diego Santilli, con quienes se reunió días antes de rubricar el documento. De acuerdo a los cálculos pampeanos, las acreencias en materia previsional superarían los $400.000 millones. Distinto es el cantar para Santa Fe, uno de los distritos que mantienen un histórico reclamo a Nación por la deuda con su caja previsional. En julio pasado, luego de una audiencia de conciliación citada por la Corte, la administración de Maximiliano Pullaro rechazó una oferta del Gobierno para establecer un cronograma de pagos. Desde entonces, no hubo avances en la pulseada. "Poco más nos quisieron ofrecer ticket canasta. Por eso no hubo acuerdo y seguimos esperando", señalaron a este medio en la Casa Gris. En la ocasión, Pullaro señaló que el Estado ofreció un monto similar al de Córdoba". "Nosotros entendemos que es insuficiente en base al impacto que tiene la Provincia de Santa Fe y a los impuestos que le transferimos a Nación para sostener ANSES. Nosotros tenemos una Caja mucho más ordenada porque el año pasado hicimos las reformas que no hizo nadie en la República Argentina, remarcó. Según estimaciones propias, la Casa Rosada adeuda cerca de $2 billones con la caja santafesina. El mandatario radical buscó sin suerte incluir el ítem en el Presupuesto 2026. Más suerte tuvo el chaqueño Leandro Zdero, aliado de La Libertad Avanza (LLA). El 2 de octubre, el mandatario firmó un acuerdo con Luis Caputo por $40.000 millones para financiar el déficit de la caja previsional. A diferencia de lo ocurrido con otras provincias, Chaco recibió los fondos en un solo pago, ocurrido días atrás. No es la primera vez que el norteño sale beneficiado en el reparto de fondos. En marzo, Zdero rubricó un acuerdo electoral entre la UCR y LLA. Días después de oficializada la alianza, Nación le giró $120.000 millones para hacer frente a las "dificultades financieras transitorias" que impiden a la administración chaqueña cumplir con sus obligaciones financieras. Similar entendimiento rubricó el entrerriano Rogelio Frigerio, otro aliado electoral del mileísmo, quien obtendrá $48.000 millones en ocho cuotas de $6.000 millones para el sistema jubilatorio de la provincia.

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