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» InfoNews
Fecha: 27/12/2025 00:33
Naum Vargas y Damián Díaz fueron parte del Chubutazo popular de diciembre de 2021 que evitó la habilitación de la megaminería en la provincia. Hoy están presos y condenados. La situación de los vecinos no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso judicial que las asambleas ciudadanas y los propios imputados denuncian como una "causa armada". El objetivo denunciado es claro: disciplinar a una sociedad que se opone a la megaminería y al extractivismo de uranio que intenta imponer el actual gobierno. El origen: La pueblada y la represión selectiva En diciembre de 2021, tras la aprobación exprés de una ley que habilitaba la megaminería, se desató una rebelión popular en toda la provincia que forzó la derogación de la norma apenas seis días después. Sin embargo, ese triunfo social tuvo un costo: una "represión organizada" que dejó cerca de 50 denuncias por violencia policial. El Poder Judicial de Chubut ha sido acusado de actuar de manera selectiva frente a estos hechos. Mientras que las causas contra los efectivos policiales y los responsables políticos de la "cacería" de manifestantes fueron archivadas o "cajoneadas", la fiscal Florencia Gómez avanzó con determinación contra un grupo reducido de vecinos por los destrozos en edificios públicos como la Casa de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia. Irregularidades en el juicio: "Son todos negros" El proceso judicial ha estado plagado de denuncias sobre la falta de imparcialidad. La fiscal Florencia Gómez, señalada por su cercanía al gobernador Ignacio Torres y elogiada por el ex presidente Mauricio Macri, fue la protagonista de la acusación. Durante el debate, se ventilaron situaciones de extrema gravedad: Maltrato y discriminación: El imputado Lucas Espinoza relató que, durante un cuarto intermedio, la fiscal Gómez comentó frente a ellos: "Son todos negros", en una clara muestra de sesgo discriminatorio. Además, la acusó de burlarse de los acusados cuando se quebraban al declarar, diciéndoles irónicamente: "No vas a llorar, ¿eh?". Testigos policiales: La gran mayoría de los más de 100 testigos presentados por la fiscalía fueron policías que no presenciaron los hechos de forma directa, sino que realizaron tareas de "inteligencia" o inteligencia criminal. Espionaje e infiltrados: Se denunció que las pruebas (fotos y videos) fueron obtenidas por policías infiltrados en las marchas, una práctica de espionaje prohibida por la ley. Identificaciones sin rigor: El comisario Gabriel Casalnuovo llegó a afirmar en el juicio que podía identificar a los acusados en videos borrosos simplemente por "cómo caminan", comparándolo con la capacidad de reconocer a su propia hija a la distancia, algo que la defensa cuestionó por carecer de cualquier sustento científico. La brutalidad de los allanamientos: El "Eternauta" como prueba Uno de los testimonios más crudos del expediente es el de Lucas Espinoza, estibador del puerto de Rawson y padre de tres niñas. Espinoza relató que el grupo GEOP irrumpió en su casa a las 7 de la mañana, rompiendo la puerta y tirándolo al piso mientras le pisaban la cabeza y lo precintaban. Durante el operativo, los efectivos vieron a la madre de sus hijas desnuda y la mantuvieron en esa situación durante minutos. El objetivo de semejante despliegue era encontrar una remera con una ilustración de Héctor Germán Oesterheld (creador de El Eternauta), que los policías infiltrados habían registrado en fotos durante las marchas. A pesar de que los peritos de la Policía Federal no pudieron confirmar que Espinoza fuera la persona que aparecía en los videos de los incidentes, la fiscalía insistió en la acusación. La sentencia y la detención inmediata El 19 de diciembre, Nahum Vargas y Damián Díaz fueron condenados por la Cámara Penal de Trelew, bajo el tribunal integrado por los jueces Cesar Zariategui, Alejandro de Franco y Adrian Barros. Lo que las organizaciones califican como una "decisión política" se manifestó en la "celeridad extraordinaria" con la que la fiscal Gómez ordenó la detención de ambos vecinos pocas horas después de conocerse el fallo. Actualmente, se encuentran alojados en la Comisaría Primera de Trelew. Declaración completa de las asambleas y vecinos Frente a esta situación, el reclamo de libertad y absolución se ha unificado bajo la siguiente proclama: Estamos exigiendo al gobierno de la provincia de Chubut y al Poder Judicial la absolución de nuestros vecinos, Damian y Nahum, condenados injustamente en una causa armada por la fiscal Florencia Gómez, presionada por el gobernador de esta provincia, Ignacio Torres. Vienen por el uranio y han decidido disciplinar al pueblo encerrando a nuestros vecinos. Nahum y Damian están presos en la comisaría primera de la ciudad de Trelew por decisión política de este gobierno que intenta imponer la megaminería a fuerza de palo, represión y miedo. Tenemos derecho a decidir cómo queremos vivir, tenemos derecho a defender nuestra agua y nuestros territorios. No pasarán libertad para Nahum y Damian. Conclusión: Un pueblo en alerta La condena a Vargas y Díaz es vista como un mensaje de advertencia para todo el movimiento ambientalista de Chubut. En palabras de Noelia Silva, militante que sigue el caso: "La opinión pública no cuestiona porque no recibe la información completa. Son gacetillas del Ministerio Público Fiscal que se publican tal cual. Falta toda una parte de la verdad". Desde la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut se exige la inmediata apertura de investigaciones contra los jefes policiales que ordenaron la represión del 2021 y la anulación de las pruebas obtenidas mediante espionaje ilegal. Mientras tanto, en toda la provincia se sostiene que "la lucha es colectiva" y que el Chubutazo no ha terminado mientras haya presos por defender el territorio.
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