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» El Sol
Fecha: 27/12/2025 00:08
El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, a su mano derecha Pablo Toviggino y al resto de la comisión directiva de la AFA por la presunta retención indebida de tributos y contribuciones a la seguridad social por una suma superior a los $19.000 millones. La imputación surge a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que señaló a Tapia como responsable en su carácter de presidente y administrador de la clave fiscal, pero advirtió que la estructura institucional de la AFA obliga a extender la investigación al conjunto de su conducción. Entre los imputados figuran, además de Tapia y Toviggino tesorero de la entidad, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo, todos integrantes de la comisión directiva. La causa tramita en el Juzgado Penal Económico N°5 y quedó encuadrada en la Ley 27.430, del Régimen Penal Tributario. Según la acusación, la AFA habría actuado como agente de retención, descontando impuestos y aportes a terceros que luego no fueron ingresados en los plazos legales, utilizando esos fondos para su propio financiamiento. En una primera etapa, el monto observado rondaba los $7.500 millones, pero una ampliación de la denuncia elevó la cifra total a $19.353 millones. El detalle incluye retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales correspondientes al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Para ARCA, existió dolo, al considerar que la entidad conocía sus obligaciones y tenía capacidad para cumplirlas. La Ley Penal Tributaria prevé penas de prisión de dos a seis años para quienes no depositen los tributos retenidos dentro de los plazos establecidos. En ese marco, el organismo recaudador solicitó que Tapia y los demás responsables sean citados a declaración indagatoria y eventualmente condenados al máximo de la pena. Esta investigación se suma a otras causas que mantienen bajo la lupa judicial a las autoridades de la AFA, entre ellas una vinculada a presuntas irregularidades financieras con una empresa cercana al entorno dirigencial y otra por el origen de bienes de alto valor que estarían a nombre de presuntos testaferros.
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