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» Diario Popular
Fecha: 26/12/2025 10:46
El Juez Adrian Gonzalez Charvay invalido el decreto de Javier Milei, que suspendia la Ley de Emergencia en discapacidad, e intimo al Gobierno. Luego de incumplir con las decisiones del Congreso, el Gobierno tuvo un reves judicial y fue intimado por la Justicia para que cumpla con la Ley de Emergencia en discapacidad. El Poder Ejecutivo tiene un plazo de cinco dias habiles para cumplir con la ley, de lo contrario, algunos funcionarios, como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Capital humano, Sandra Pettovello, y el titular de la Andis, Alejandro Vilches, podrian recibir multas por desobediencia judicial. Adrian Gonzalez Charvay, el juez que intimo al Gobierno, fue el responsable de invalidar el decreto que suspendia la Ley de Emergencia y ordeno que sea ejecutada en todo el pais. Esta resolucion judicial establecio que la orden se cumpla de inmediato, por lo que, una vez notificado el fallo, el Gobierno queda automaticamente obligado a atender el reclamo del colectivo alcanzado. La Ley de Emergencia en discapacidad habia sido aprobada a mediados del ano pasado y declaraba la emergencia hasta diciembre de 2026 con posibilidad de prorrogarla hasta fines de 2027. El presidente, Javier Milei, veto el proyecto, pero ambas camaras del Congreso rechazaron ese veto. De igual manera, el Ejecutivo freno la ley mediante el decreto 681/2025, considerando que el Congreso no habia definido las fuentes de financiamiento. Rapidamente, dos familias que tienen hijos con el Certificado Unico de Discapacidad presentaron un amparo judicial con el apoyo del colectivo de discapacidad de todo el pais. Ellos sostuvieron que "la suspension profundiza la situacion de desproteccion de miles de personas que dependen de tratamientos, prestaciones y apoyos que ya se encontraban afectados por la crisis economica y el desfinanciamiento". El Gobierno justifico la suspension con argumentos fiscales y sostuvo que la aplicacion de la ley sin partidas especificas podria afectar el funcionamiento de otras areas del Estado. Tambien planteo que cualquier reasignacion presupuestaria le corresponde al Congreso y no al Poder Ejecutivo. Sin embargo, esos argumentos fueron desestimados por el juez Gonzalez Charvay, que remarco que la Constitucion obliga al Ejecutivo a promulgar y cumplir la ley sin condicionamientos.
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