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» Chacodiapordia
Fecha: 26/12/2025 09:48
La resolucion del juez federal de Campana, Adrian Gonzalez Charvay remarca que, si el Ejecutivo no lo hace en un plazo de cinco dias, el magistrado comenzara a aplicarles multas a funcionarios, entre ellos, a Manuel Adorni. El capricho libertario por incumplir las decisiones del Congreso tuvo un nuevo reves judicial. El juez federal de Campana, Adrian Gonzalez Charvay, le otorgo al Gobierno Nacional un plazo de cinco dias habiles para cumplir la Ley de Emergencia en discapacidad. De lo contrario, comenzara a aplicarles multas a funcionarios como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el titular de la Andis, Alejandro Vilches, con la posibilidad de ser denunciados penalmente por desobediencia judicial. El 12 de diciembre, Gonzalez Charvay habia invalidado el decreto que suspendia la vigencia de la ley y ordeno que sea ejecutada en todo el pais. Este paso es importantisimo porque significa que no existe cosa tal como una ley suspendida, afirman los prestadores de servicios. Una vez dictada la sentencia, el Poder Ejecutivo Nacional esta obligado a cumplirla. No existe ninguna razon ni fundamento para que el Ejecutivo se abstenga de hacerlo, explico el abogado de los prestadores, Diego Armesto. Segun detallo, la resolucion judicial establecio el cumplimiento inmediato, por lo que, una vez notificado el fallo, el Poder Ejecutivo Nacional queda automaticamente obligado a atender el reclamo del colectivo alcanzado. Frente a esta situacion, el colectivo de discapacidad solicito al juez la ejecucion de la sentencia y requirio que, en caso de incumplimiento, se apliquen astreintes, es decir, multas economicas que los magistrados imponen para forzar el acatamiento de una orden judicial firme ante una resistencia injustificada. Se trata de una medida de coercion tanto psicologica como economica, senalo Armesto. No obstante, aclaro que por el momento esas sanciones aun no fueron efectivizadas. Deberian comenzar a partir del 1 de febrero. La ley habia sido aprobada por el Congreso en julio del ano pasado y declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta diciembre de 2026 con opcion de prorroga hasta fines de 2027. El Presidente Javier Milei veto el proyecto y ambas camaras del Congreso lo rechazaron. Sin embargo, aunque el Poder Ejecutivo promulgo la norma, establecio un freno a su aplicacion mediante el decreto 681/2025, al considerar que el Congreso no habia definido las fuentes de financiamiento. Inmediatamente, dos familias en representacion de sus hijos que poseen el Certificado Unico de Discapacidad (CUD) presentaron un amparo judicial, que obtuvo el apoyo del colectivo de discapacidad en todo el pais. Argumentaron que la suspension profundiza la situacion de desproteccion de miles de personas que dependen de tratamientos, prestaciones y apoyos que ya se encontraban afectados por la crisis economica y el desfinanciamiento. Por su parte, el Gobierno justifico la suspension mediante argumentos fiscales y sostuvo que la aplicacion de la ley sin partidas especificas podria afectar el funcionamiento de otras areas del Estado. Tambien planteo que cualquier reasignacion presupuestaria corresponde al Congreso y no al Poder Ejecutivo. Sin embargo, esos argumentos fueron desestimados por el juez Gonzalez Charvay, quien remarco que, tras el rechazo del veto presidencial, la Constitucion obliga al Ejecutivo a promulgar y cumplir la ley sin condicionamientos. En un conflicto caracterizado por la emergencia de un sector, la estrategia del Poder Ejecutivo Nacional consiste en alargar los plazos lo maximo posible. Tras haber perdido cerca de 120 puntos de su poder adquisitivo en el primer ano y medio de la gestion de Javier Milei, los prestadores de servicios, en conjunto con las familias y las personas con discapacidad, impulsaron un proyecto de Ley que declarara la emergencia en el sector. A partir de ahi, el gobierno libertario uso todos los recursos en su haber para dilatar el proceso. Tardaron en girar el proyecto de la sancion al Senado y demoraron en reunir a las comisiones para tratar el proyecto. Luego Milei se tomo todos los dias habidos y por haber para vetar la ley de emergencia, cuenta Martin, quien sostiene una institucion de educacion especial junto a su familia desde hace mas de treinta anos. La situacion para los prestadores es apremiante y se profundiza cada dia que la ley no entra en vigencia. Desde octubre del ano pasado, que fue el ultimo aumento, hasta septiembre estuvimos trabajando con el 30 por ciento de los costos. En el colegio, los chicos pasan 8 horas por lo que nuestra prestacion incluye tres comidas diarias, desayuno almuerzo y cena. Por ese servicio, estamos cobrando 3.099 pesos por dia por alumno. Tenemos 250 chicos. Es inviable, detalla Martin. Ademas, los prestadores cobran con un atraso de 60 dias, por lo que a ese monto se le debe sumar la inflacion acumulada de dos meses. En octubre del 2025, el Gobierno Nacional aumento el nomenclador al que responden las obras sociales. A la educacion especial nos dieron un aumento del 12 por ciento en octubre, 8 en noviembre y 7 en diciembre. Un acumulado que da 29 por ciento, explica el prestador. Sin embargo, ese aumento recien se vera reflejado en marzo por la demora en los pagos. A esta situacion hay que sumarle las particularidades que tiene la educacion especial. Nosotros no trabajamos solo con docentes. Tenemos cursos con un amplio gabinete psicopedagogico, dos docentes por aula y una administracion importante porque trabajamos con obras sociales, no con padres como otras instituciones educativas, detalla Martin. Pagina 12
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