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» El Esquiu
Fecha: 26/12/2025 09:34
Tras el fallo Esperan que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario Dictaron una medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo cumplir de inmediato con la Ley 27.795.El juez Martin Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N11, hizo lugar a un amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades, freno el decreto oficial que suspendio la ley de financiamiento universitario (pese a la insistencia legislativa de ambas camaras del Congreso) y ordeno al gobierno de Javier Milei cumplir de manera inmediata con la actualizacion de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles, previstas en la Ley de Financiamiento de la Educacion Universitaria y Recomposicion del Salario Docente (ley 27.795). En su fallo, considero que el Decreto 759/2025, que suspendio su ejecucion, presenta rasgos de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. De esta manera, el fallo tuvo caracter innovativo, ya que los sectores que presentaron el amparo colectivo solicitaron la orden de cumplimiento inmediato, ademas de considerar que el DNU no cumple con la condicion de ser una decision excepcional porque altera el estado de hecho y de derecho existente al tiempo de su dictado y configura -en consecuencia- un anticipo de jurisdiccion favorable respecto de un fallo final. En esa linea, considero acreditada la inobservancia clara e incontestable de un deber juridico, concreto y especifico, a cargo de la demandada y que la insistencia legislativa no admitiria en el prematuro analisis que permite efectuarse cautelarmente, otra solucion que la efectiva aplicacion de la ley que se trata. Asimismo, el juez senalo que el gobierno de Milei fundo la suspension de la ley en una norma de inferior jerarquia -el articulo 5 de la ley 24.629- frente a un mandato constitucional expreso. En cuanto al aspecto estrictamente legal-laboral, el magistrado le dio un lugar especial en el falo al deterioro de los ingresos del colectivo afectado, al senalar que esa perdida del poder adquisitivo continua hoy dia, conculcando derechos laborales protegidos por Tratados Internacionales de Derechos Humanos y por la Constitucion Nacional, destacando, ademas, Cormick que la no concesion de la medida implicaria un ahorro presupuestario poco significativo, y cito estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que ubican el impacto fiscal de la norma en un 0,23% del PBI. El nuevo fallo judicial en favor de la medida cautelar colectiva regira hasta el dictado de la sentencia definitiva.
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