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Fecha: 25/12/2025 19:39
La promesa del ministro de Economia, Luis Caputo, de introducir una solucion flexible frente al fuerte aumento de las multas automaticas incluido en el proyecto de Inocencia Fiscal fue bien recibida por tributaristas y contadores, aunque con reservas sobre su alcance real. El principal cuestionamiento apunta a que el alivio anunciado se instrumentaria por reglamentacion y no mediante una modificacion expresa de la ley. El proyecto, que sera tratado en el Senado junto con el Presupuesto 2026, preve una actualizacion significativa de las sanciones por incumplimientos formales ante la Agencia de Recaudacion y Control Aduanero (Arca). De aprobarse, la multa por no presentar una declaracion jurada pasara de $200 a $220.000 para personas humanas y de $400 a $440.000 para personas juridicas, lo que implica un incremento del 100.000%. La solucion anunciada por Economia Ante los reclamos publicos, Caputo explico que hablo con el equipo de Arca para avanzar en una reglamentacion que modifique la aplicacion automatica de las sanciones. Segun detallo, una vez vencido el plazo para presentar la declaracion jurada, el organismo enviara un recordatorio por un periodo de entre 10 y 15 dias habiles, antes de intimar formalmente y aplicar la multa. Ademas, el ministro senalo que Arce evaluara la cantidad de dias de demora para aplicar sanciones menores en los casos de incumplimientos ocasionales, con el objetivo de distinguir errores aislados de conductas reiteradas. Es una alternativa que permitira cumplir sin ahogar al sector privado, sostuvo. Estuve leyendo algunos comentarios respecto de las multas automaticas de ARCA que estan incluidas en el proyecto de Inocencia Fiscal que tiene media sancion en diputados. Atento a sus inquietudes, hable con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentacion de una solucion https://t.co/171hObciCx totocaputo (@LuisCaputoAR) December 23, 2025 Las dudas del sector profesional Si bien los contadores valoraron el gesto politico, advirtieron que la solucion propuesta no ofrece garantias a largo plazo. El principal temor es que, ante un eventual cambio de criterio o de gobierno, la flexibilidad desaparezca y se apliquen las multas en los terminos estrictos de la ley. El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastian Dominguez, explico que Arca tiene facultades para fijar lineamientos internos sobre como aplicar las sanciones, pero remarco que esos criterios pueden cambiar. Lo que deberia hacerse es modificar la legislacion, no dejar la solucion sujeta a una instruccion general, advirtio. En la misma linea, el contador Jorge Diomedi senalo que la reglamentacion no asegura previsibilidad para los contribuyentes y que nada impide que, en pocos meses, se aplique el esquema sancionatorio tal como esta previsto en la ley. Para Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, la intencion del ministro es positiva, pero el impacto real solo podra evaluarse cuando se conozca el texto definitivo y su implementacion. El problema central no era solo el monto, sino la rigidez y automaticidad del regimen, que no distinguia entre incumplimientos ocasionales y reiterados, afirmo. El trasfondo politico y legislativo La controversia se profundizo durante el tratamiento del proyecto en Diputados, donde la oposicion planteo la necesidad de diferenciar sanciones segun el tipo de contribuyente. Esa modificacion no prospero y, en el Senado, legisladores de la Union Civica Radical volvieron a insistir con el cambio. Desde el oficialismo argumentaron que introducir esa correccion implicaria devolver el proyecto a la Camara Baja. Por ese motivo, la estrategia del Ministerio de Economia seria resolver el problema via reglamentacion, a traves de una resolucion general de Arca, organismo que actualmente conduce Andres Vazquez. En ese marco, la senadora oficialista Patricia Bullrich, exministra de Seguridad, defendio la postura del Gobierno y afirmo que la prioridad es acompanar a las pymes para que sigan creciendo y generen trabajo, minimizando el impacto de las sanciones. Mientras tanto, el debate sigue abierto: para los tributaristas, la solucion anunciada atenua el impacto inmediato, pero no elimina el riesgo de un esquema sancionatorio elevado que, sin cambios legales, podria volver a aplicarse de manera estricta en el futuro.
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