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Fecha: 24/12/2025 21:16
En la antesala de la proxima cosecha, la Justicia federal de Mendoza le otorgo un respiro al sector vitivinicola. A traves de una medida cautelar, el Juzgado Federal N 2 resolvio suspender de manera provisoria los cambios introducidos por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) y en la Declaracion Jurada Anual de Elaboracion, manteniendo ambos instrumentos como obligatorios durante la vendimia 2026. Lee tambien: Sturzenegger comparo a los vinateros con el Chiqui Tapia por oponerse a una medida del Gobierno La decision judicial se produjo tras el recurso de amparo presentado por la Union Vitivinicola Argentina (UVA), la Asociacion de Vinateros de Mendoza (AVM), la Asociacion de Cooperativas Vitivinicolas Argentinas (ACOVI) y la Camara de Productores Agricolas, quienes cuestionaron la Resolucion INV 37/2025. El planteo apunto a frenar una modificacion que habia generado fuerte controversia dentro del sector, en un contexto marcado por tensiones con el Ministerio de Desregulacion y Transformacion del Estado. Una cautelar suspende modificaciones en el ingreso de uva y declaraciones juradas El fallo no resuelve el fondo de la cuestion, pero establece una instancia cautelar que se extendera por cinco meses. Durante ese periodo, la Justicia analizara si la derogacion del CIU resulta ilegitima y si su implementacion podria ocasionar un perjuicio grave e irreparable para la industria vitivinicola. Mientras tanto, todas las modificaciones del Digesto Vitivinicola comenzaran a regir a partir del 1 de enero, con la excepcion de los cambios vinculados al CIU y a las declaraciones juradas. En su resolucion, el Juzgado entendio que el reclamo presentado por las entidades representa derechos de incidencia colectiva e intereses individuales homogeneos, lo que justifica la adopcion de una medida precautoria. Para los vinateros, la eliminacion del CIU no se trataba de un simple ajuste administrativo, sino de la supresion de una herramienta central para acreditar la cantidad y calidad de la uva entregada a las bodegas. Lee tambien: Primer logro: productores de 9 de Julio consiguieron cambios en la tasa vial y ahora exigen un plan de obras Segun los argumentos expuestos en el amparo, el CIU cumple un rol clave en la proteccion del derecho de propiedad de productores primarios, maquileros y contratistas de vina. Ademas, las entidades senalaron que el instrumento esta respaldado por la Ley General de Vinos, la Ley de Contrato de Maquila y la Ley de Contratista de Vinas, y que su eliminacion profundizaba una asimetria contractual preexistente entre productores y elaboradores. Otro de los puntos cuestionados fue la sustitucion del CIU por declaraciones unilaterales o por el Documento de Transito Vegetal. Desde el sector sostuvieron que estos mecanismos carecen de la bilateralidad y del control necesarios, y que ademas afectan la determinacion de la tarifa sustitutiva de aportes previsionales, con impacto directo en la formalizacion del empleo rural. Lee tambien:Una entidad del campo le propuso al Gobierno un paquete integral de reformas tributarias Desde el INV, en cambio, defendieron la legalidad de la resolucion impugnada y la encuadraron dentro de una politica de modernizacion y desburocratizacion del Estado. En su postura, remarcaron que el organismo no debe actuar como garante documental de relaciones contractuales privadas y que existen otras herramientas disponibles para acreditar la entrega de uva. Las repercusiones no tardaron en llegar. Desde la Asociacion de Vinateros de Mendoza destacaron que la cautelar aporta claridad en un momento clave del calendario productivo. Tambien desde ACOVI valoraron la decision judicial, al considerar que mantener la obligatoriedad del CIU garantiza trazabilidad, informacion confiable y previsibilidad para la actividad. Lee tambien: Productores presentaron un proyecto para incorporar la figura del vandalismo rural al Codigo Penal Incluso desde el ambito politico hubo reacciones, con criticas a la falta de dialogo previo y llamados a escuchar a los actores del sector. Mientras el proceso judicial continua, la medida cautelar devuelve al menos una certeza: la proxima vendimia se desarrollara bajo reglas conocidas para productores y bodegas.
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