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» Diario Norte
Fecha: 24/12/2025 08:07
En 2024, América Latina y el Caribe contaban con alrededor de 65 millones de personas de 65 años y más, equivalentes al 9,9% de la población total. Pero para 2050, este grupo alcanzará cerca de 138 millones, representando casi una quinta parte de la población regional. El crecimiento más acelerado se dará entre las personas de 80 años y más, un segmento con mayores probabilidades de enfrentar situaciones de dependencia funcional y necesidades intensivas de cuidado. Este cambio demográfico impacta directamente en las dinámicas económicas, ya que altera la relación entre población activa y dependiente, así como los patrones de consumo, ahorro y transferencia de recursos entre generaciones. Uno de los efectos más importantes del envejecimiento es el lo que los especialistas llaman el fin del bono demográfico. Es una situación en la que la población en edad de trabajar supera a la población dependiente, y por eso se dice que fue -hasta ahora- una ventana de oportunidad, es decir, un motor potencial del crecimiento económico y de reducción de la pobreza. Sin embargo, en América Latina y el Caribe este período está llegando a su fin, y en muchos países ya se cerró sin haber sido aprovechado. Para el promedio regional, se proyecta que el bono demográfico concluya alrededor de 2028, lo que significa una menor contribución del crecimiento de la fuerza laboral al aumento del ingreso per cápita. En este escenario, la desaceleración del crecimiento económico se vuelve un riesgo si no se adoptan algunas medidas compensatorias. En ese sentido, una investigación del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)–División de Población de la CEPAL, titulada "Impactos económicos del envejecimiento en América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades", analiza la interacción entre el envejecimiento poblacional, la capacidad de generar ingresos y los patrones de consumo y transferencias intergeneracionales. El estudio subraya que, ante la reducción relativa de la población en edad de trabajar, el aumento de la productividad y la mayor participación laboral de las mujeres y de las personas mayores serán factores clave para suavizar los efectos adversos del envejecimiento sobre el crecimiento económico. Sin estas transformaciones, la base contributiva se reducirá y se limitará la capacidad de financiamiento de las políticas públicas. El problema es que la región enfrenta este proceso sin Estados de bienestar consolidados, lo que se traduce en sistemas de pensiones, salud y cuidado con cobertura limitada y fuertes desigualdades. Una proporción importante de las personas mayores recibe pensiones insuficientes o carece de ellas, lo que las obliga a permanecer en el mercado laboral en condiciones precarias. Al mismo tiempo, el aumento de la longevidad incrementa la demanda de servicios de salud y de cuidados de largo plazo, presionando sistemas que ya enfrentan restricciones financieras y problemas de calidad. Según la CEPAL, tradicionalmente, los mayores déficits económicos se concentraban en la infancia, pero hacia mediados del siglo XXI el déficit asociado a la vejez superará al infantil en varios países de la región. Este cambio revela tanto el envejecimiento poblacional como la insuficiencia de los mecanismos de protección social para garantizar ingresos adecuados y acceso a servicios en edades avanzadas, lo que plantea desafíos fiscales y distributivos de gran envergadura. No obstante, el envejecimiento poblacional también abre oportunidades económicas para dinamizar sectores como la salud, los cuidados, la vivienda adaptada, el turismo especializado, la tecnología y los servicios financieros. Los hogares compuestos por personas mayores presentan patrones de consumo específicos, con mayor peso del gasto en salud y vivienda, lo que orienta la demanda hacia estos sectores. Algunos economistas observan que, si el ahorro acumulado por las personas mayores se canaliza hacia inversiones productivas, podría incluso generarse un "segundo bono demográfico". Pero para aprovechar estas oportunidades y enfrentar los desafíos se necesitan políticas públicas integrales que aborden las desigualdades estructurales y orienten estratégicamente los esfuerzos públicos y privados hacia los mismos objetivos.
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