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» Diario Norte
Fecha: 24/12/2025 08:07
SÁENZ PEÑA (Agencia). Empresarios, referentes técnicos y actores sociales advierten sobre un fuerte impacto económico y laboral, mientras se cuestionan los alcances de una medida cautelar basada en el principio precautorio ambiental. El ingeniero Miguel López, representante de la Asociación Empresaria y Forestal del Oeste Chaqueño, expresó su sorpresa y desazón ante la medida judicial que suspende toda actividad vinculada al sector. En este marco, la reciente presentación del gobierno del Chaco ante el Superior Tribunal de Justicia puso nuevamente en el centro del debate el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN), una herramienta que demandó años de elaboración técnica, científica y política. "Pensé que ya habíamos entendido de qué se trata el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos", afirmó López al portal Agroperfiles, al recordar que el proceso incluyó audiencias públicas, talleres, discusiones legislativas y validación por parte de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Según explicó, incluso se introdujeron modificaciones posteriores para despejar dudas planteadas por organizaciones ambientalistas, dejando zonas en suspenso para evitar cualquier sospecha de irregularidad. Sin embargo, "el fallo judicial retomó esos mismos argumentos para justificar una prohibición total. Por las dudas, prohíben todo. Se suspende todo", lamentó el ingeniero, al señalar que ni siquiera se dejó vigente el ordenamiento anterior mientras se resuelve la cuestión de fondo. "Para el sector, la decisión desconoce acuerdos previos entre distintos gobiernos y actores sociales que habían logrado consensuar una política de desarrollo y conservación" resaltó. IMPACTO SOCIAL Y LABORAL Más allá del debate jurídico y ambiental, el eje central de la preocupación está puesto en las consecuencias sociales inmediatas. "La paralización de la actividad forestal implica la pérdida de miles de puestos de trabajo directos e indirectos en distintas localidades del interior chaqueño, como Machagai, Los Frentones, Pampa del Infierno, Castelli y Villa Berthet", dijo. Y agregó: "Cuando hablamos de trabajo, hablamos de familias que hay detrás. Es un látigo que golpea a los sectores más vulnerables". Relató el mensaje recibido de un trabajador de la zona que realiza tareas de acarreo de leña con su tractor: "Nosotros no sabemos ni leer ni escribir, y no tenemos abogado. Para nosotros no hay derechos", lamentó. Para el dirigente empresario, ese testimonio refleja un profundo desamparo. La preocupación se extiende a toda la cadena productiva. Aserraderos con 30 o 40 empleados, carpinterías con más de una decena de trabajadores y tanineras que dependen del abastecimiento de materia prima enfrentan un escenario crítico. "Las empresas vamos a tener juicios laborales, porque al empleado tampoco le importa lo que nos pase", advirtió López, al tiempo que calificó la medida como "un ataque a las pymes". CUESTIONAMIENTOS AL PRINCIPIO PRECAUTORIO Y A LA FALTA DE CONSULTAS Uno de los puntos más cuestionados del fallo es su fundamentación en el principio precautorio ambiental. Si bien López aclaró que no es abogado, sostuvo que la propia ley establece que dicho principio debe ser equilibrado con otros derechos y consensos sociales. "Negarte el derecho a trabajar también es una violación de derechos", afirmó, y agregó que esas variables deberían ser consideradas al momento de dictar una medida cautelar. El Ingeniero remarcó que, a diferencia del extenso proceso participativo que tuvo el ordenamiento territorial, esta decisión judicial no convocó a los actores directamente afectados. "Para esto no se ha citado a las personas que somos afectadas", señaló, cuestionando la falta de instancias de consulta previa antes de adoptar una resolución de alto impacto social. En ese sentido, también apuntó a una desconexión entre el sector público y el privado. "Hay un divorcio entre lo público y lo privado. Para algunos todo es gastar; para nosotros es producir primero para poder pagar", explicó. Según su visión, muchos decisores desconocen cómo se genera la riqueza en la provincia y el rol histórico que tuvo la actividad forestal en el desarrollo del interior chaqueño. APELACIONES E INCERTIDUMBRE Frente a este escenario, el gobierno provincial anunció que apelará la medida a través de la Fiscalía de Estado y solicitará una aclaratoria sobre los alcances de la cautelar. El ministro de la Producción, Oscar Dudik, confirmó que se avanzará en ese sentido, aunque desde el sector empresario consideran que también debería recurrirse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Mientras se resuelve la cuestión de fondo, debería quedar todo andando", sostuvo López, quien recordó que el planteo original es la supuesta inconstitucionalidad del ordenamiento presentada por una ONG. "No resuelven la cuestión de fondo y, como no la resuelven, nos castigan. ¿Qué tenemos que ver nosotros?", se preguntó. La incertidumbre se profundiza ante la falta de plazos claros y la proximidad de meses tradicionalmente difíciles para la economía regional. "La economía chaqueña se ve resentida y hay cantidad de gente que queda sin trabajo", resumió el dirigente. En un contexto de fuerte dependencia del empleo privado, la suspensión total del sector forestal amenaza con agravar tensiones sociales ya existentes. Por último, pidió que "se revise la medida, se escuchen todas las voces involucradas y se logre un equilibrio real entre la protección ambiental y el derecho al trabajo. No puede ser que estos fallos sean tan intocables", concluyó López.
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