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» El Zonda
Fecha: 24/12/2025 03:03
La reciente decisión de la Justicia Federal de Mendoza de suspender la desregulación del sector vitivinícola y restablecer la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) fue recibida con alivio, aunque también con cautela, por parte de los productores sanjuaninas. Así lo expresó Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, quien advirtió que el fallo representa "una buena noticia", pero está lejos de resolver la profunda crisis que atraviesa la actividad. El fallo, dictado por el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, hizo lugar a una medida cautelar presentada por entidades representativas del sector —entre ellas la Asociación de Viñateros de Mendoza, la Unión Vitivinícola Argentina, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas y la Cámara de Productores Agrícolas— y ordenó al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) restablecer provisoriamente el CIU, instrumento clave para la trazabilidad y el control del mercado vitivinícola. En declaraciones a Zonda Diario, Ramos recordó que la eliminación del certificado había sido advertida con antelación. "Cuando vino el ingeniero Carlos Tizio (presidente del INV) a San Juan, convocados para informarnos sobre las medidas que pensaba tomar el Instituto junto con la Nación, ya manifestamos nuestra preocupación. La eliminación del certificado de ingreso de uva a la bodega abría la posibilidad concreta de no facturar y de perder el control sobre el origen del producto", sostuvo. Según explicó, el CIU es una herramienta central para certificar la procedencia de la uva y garantizar la genuinidad del vino, tanto para el mercado interno como para la exportación. "Es el camino natural para certificar si un vino es fino, de dónde proviene, si pertenece a una finca determinada. Es fundamental para la certificación de los varietales y para asegurar el origen del producto", remarcó. Ramos fue crítico con la medida impulsada desde el Gobierno nacional y consideró que evidenció un desconocimiento de la actividad. "Me extraña que el presidente del Instituto, siendo un profesional reconocido, haya aceptado una medida que afecta de manera directa el ejercicio de la actividad vitivinícola. No es una desregulación virtuosa, es una decisión que perjudica al productor", afirmó. Si bien destacó que muchas bodegas ya habían comenzado a implementar mecanismos propios para asegurar la trazabilidad del producto, señaló que el fallo judicial devuelve previsibilidad. "Las principales bodegas ya estaban comunicando que iban a exigir identificación de origen, pero con esta resolución se mantiene vigente el certificado y se evita un daño mayor", indicó. No obstante, el dirigente aclaró que el restablecimiento del CIU no soluciona el problema estructural del sector. "Esta es una de las tantas medidas que ha tomado el Gobierno nacional. No alcanza para garantizar un precio rentable para el productor", advirtió. En ese sentido, cuestionó otras decisiones recientes, como la liberación anticipada de los vinos, que pasó del histórico 1 de junio a quedar librada al criterio del industrial. "Eso era un elemento regulador clave. Permitía equilibrar el mercado y darle al productor alguna herramienta para defender el precio de la uva y del vino", explicó. Ramos también apuntó contra la eliminación del grado alcohólico zonal, que se determinaba anualmente en función del azúcar de la uva. "Ahora cada bodega puede manejar distintos grados, algo difícil de controlar y que puede perjudicar al viñatero", señaló. A esto sumó la flexibilización de normas que permiten elaborar vino tinto sin una proporción mínima de uva tinta, una exigencia que el propio INV había establecido en gestiones anteriores. En este contexto, el panorama económico es alarmante. Según Ramos, el valor del mosto sulfitado traduce hoy un precio de alrededor de 150 pesos por kilo de uva, por debajo de los valores de hace dos años. "Ese precio apenas cubre el costo de cosecha y acarreo. Estamos frente a una de las peores crisis que yo recuerde en la historia vitivinícola", afirmó. El dirigente alertó además sobre la concentración del mercado y el poder de las grandes corporaciones. "La desregulación favorece a un solo sector. Los grandes industriales y comercializadores son los que fijan precios y condiciones de pago. El productor queda librado a su suerte", sostuvo. Incluso advirtió que hay bodegas que evalúan no elaborar en la próxima cosecha, lo que podría derivar en uvas que directamente no se cosechen. Desde la Asociación de Viñateros Independientes solicitaron una audiencia con el ministro de Producción Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández para conocer qué medidas tomará el Gobierno provincial frente a este escenario. "Esperamos una respuesta antes de fin de año, porque a partir de enero comienza el ingreso de las primeras uvas a bodega", señaló Ramos, aunque aclaró que hasta el momento no recibieron confirmación. La crisis también se refleja en la pérdida de capacidad de fraccionamiento en San Juan. "Nos estamos quedando sin bodegas fraccionadoras. Mucho del vino producido acá se fracciona en Mendoza. No llegamos a fraccionar ni 10 millones de litros por mes", lamentó. A esto se suma la dificultad de acceso al crédito, con tasas superiores al 30%, costos energéticos en alza y un producto cuyo valor continúa cayendo. Frente a este escenario, muchos productores están optando por abandonar la uva para bodega y reconvertirse hacia la uva de mesa, la pasa o directamente hacia otros cultivos como ajo, tomate o semilla. "Hoy prácticamente nadie está invirtiendo en viñedos para uva de bodega", aseguró. En ese marco, Ramos valoró el fallo judicial como un freno necesario, pero insistió en que no alcanza. "Es una buena noticia, pero la justicia por sí sola no va a cambiar el rumbo. Hay muchas cosas más que arreglar si no queremos que desaparezcan viñateros y bodegas", concluyó.
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