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» Diario de Cuyo
Fecha: 24/12/2025 02:53
La Justicia Federal aceptó el pedido de productores vitivinícolas y firmó una cautelar por la que el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) vuelve a ser obligatorio. Este documento, con el que el INV registra los kilos que ingresan a elaboradoras y bodegas, había quedado como optativo cuando el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger dio de baja más de 900 normas por decreto. Desde el Gobierno de San Juan apoyaron la decisión de los tribunales, por las funciones que se perdían con el cambio. Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan, aseguró que la postura de la provincia siempre fue “estar a favor de la desregulación, pero en contra de dos o tres puntos, como la voluntariedad del CIU, al igual que la inmensa mayoría de la cadena vitivinícola”. El funcionario remarcó que el cambio vinculado al certificado fue uno de los más cuestionados a nivel mediático y en el sector porque “es el que tiene un impacto más amplio”. Además dijo que no había un motivo claro para sacarlo porque “lo hacían las bodegas y lejos de hacer el proceso más burocrático facilitaba sobre todo a productores pequeños”. Es que el CIU era un paso que debían cumplir los elaboradores cuando ingresaban los camiones cargados con la fruta a sus establecimientos. Esto permitía que registraran el peso, la variedad y el destino de la uva, algo difícil para los viñateros de menor escala, también restaba pasos tal como hacer un remito o que los vehículos tuvieran que tramitar una habilitación especial. “El CIU es un documento comercial, al eliminarlo el productor tiene que hacerse cargo de estos pasos con condiciones administrativas bastante precario y es algo que se evitaban en la práctica”, aseguró. Esto en medio de un contexto en el que el sector primario se encuentra especialmente vulnerable por baja rentabilidad producto de la crisis del sector vitivinícola. Además de ese beneficio para los viñateros, el CIU jugaba un rol central en el conocimiento sobre la realidad del sector vitivinícola, detalló el ministro. “Que no sea obligatorio le quita transparencia al mercado, que salvo algún kilo de uva que no se registraba porque iba a pasa, tenía datos gracias a este informe al INV”. Para Fernández, “no había un mercado más en blanco que el vitivinícola y a mayor transparencia e información compartida se favorece la competencia y la libertad de mercado sana”. Es que con estos datos el instituto tenía estadísticas semanales del volumen de fruta y sus destinos, por lo que se podía conocer a final de la temporada cuánto iba por ejemplo a vino, teniendo así los datos sobre si hay o no sobrestock. “Todo esto se lograba con el CIU, lo que permite tener una base de datos con la trazabilidad y variedades, pero de ser voluntario, en la práctica solo lo iban a usar los que producen varietales para poder acreditar estas condiciones”, explicó. Es justamente el sector de vinos con identificación el que menos problemas tiene de caída de venta y exceso de oferta. “No era algo hiper regulatorio y no significaba una molestia”, agregó. Para el gobierno, contar con los datos del CIU también era central en sus políticas públicas. “Es una herramienta estadística el informe de estadísticas del INV y a partir de ahí, por ejemplo, estamos trabajando un análisis de reconversión, para lo que usamos los datos de cosechas, elaboración y destinos”, agregó. Sobre la medida cautelar que reinstauró el CIU Tras conocerse que el ministerio de Desregulación eliminó la condición obligatoria del CIU, hubo voces en contra por parte del sector productivo. En San Juan fueron los productores primarios los que más criticaron la medida. Desde los elaboradores y la Mesa Vitícola apoyaron la decisión. En Mendoza empezó un proceso judicial para dar marcha atrás con el cambio. Lo presentaron asociaciones privadas en el Juzgado Federal N°2. Los magistrados dieron lugar al pedido y exigieron que el Instituto Nacional de Vitivinicultura suspenda la aplicación de este cambio. Debido a que la medida es en un fuero judicial, también aplica a la producción de San Juan y el resto del país. Mientras se resuelve la cuestión de fondo, las bodegas y elaboradoras vuelven a estar obligadas a informar al INV cada vez que ingresa fruta al establecimiento, la variedad, el peso y el destino de la misma. Noticias relacionadas
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