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Parana » Informe Digital
Fecha: 24/12/2025 02:47
La decimotercera audiencia del juicio por los escritos de Oscar Centeno, conocido como Causa Cuadernos, se desarrolló este martes sin la presencia del exfinancista Ernesto Clarens y de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra en recuperación tras una operación de apendicitis. Fue la anteúltima jornada del debate previsto para 2025. La audiencia comenzó pasadas las 9.20 y respetó el orden fijado por el Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. En primer lugar se completó la lectura de la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) correspondiente al desprendimiento conocido como “La Camarita”. Luego, se avanzó con el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Carlos Stornelli por el tramo vinculado a los subsidios al sistema ferroviario. Durante el cierre de la acusación de la UIF, el foco volvió a colocarse sobre el rol de Clarens y el presunto mecanismo de recaudación ilegal asociado a la adjudicación de obras públicas. El organismo antilavado, que actúa como querellante, detalló imputaciones a empresarios del sector vial y recordó que, según confesiones incorporadas al expediente, Clarens ofrecía servicios financieros paralelos —como el descuento de cheques y la aceleración de cobros de certificados atrasados— a cambio de “gratificaciones” entregadas en efectivo. “Siempre reclamaba más dinero del que estaba dispuesto a pagar”, relató uno de los acusados, al describir un circuito sostenido por sobres con dinero que se entregaban, entre otros lugares, en Puerto Madero. En ese contexto, la UIF acusó a Cristina Kirchner y al exministro Julio De Vido de haber cobrado 175 coimas en el tramo de “La Camarita”, con base en la confesión de Clarens y en un listado pormenorizado de pagos atribuidos a distintos empresarios. Benito Roggio fue señalado por once entregas de dinero y Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, por otras cuatro. También se mencionó el presunto uso de vuelos oficiales hacia el sur del país para el traslado de fondos y el rol de exfuncionarios como Daniel Muñoz y Claudio Uberti en su transporte y resguardo. Concluido ese capítulo, el TOF 7 dio paso a la lectura de la acusación del Ministerio Público Fiscal en el tramo de los subsidios ferroviarios, que abarca contratos de trenes, subterráneos y la Hidrovía. Allí, los principales imputados son los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, además de Fernández de Kirchner, De Vido y empresarios como Aldo Roggio y Benjamín Romero, titular de Ferrovías. Según la acusación, los empresarios habrían pagado sobornos a Jaime y Schiavi, quienes luego “enviaban los sobres hacia arriba”. En uno de los pasajes centrales, Stornelli afirmó: “Tengo por cierto y demostrado que Cristina Elisabet Fernández, por entonces Presidenta de la República Argentina, intervino, en carácter de coautora, en la recepción de sumas de dinero” entregadas por Romero a Jaime y Schiavi entre 2007 y 2012. En la misma línea, sostuvo que De Vido actuó como coautor en la recepción de fondos que, según la acusación, Aldo Roggio entregó a Jaime durante su gestión. La lectura incluyó los descargos de los imputados. Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido negaron los hechos cuando fueron indagados en 2018. Jaime rechazó “terminantemente” las acusaciones y habló de una “falacia total”. Los empresarios, en cambio, describieron un esquema de exigencias: Romero declaró que entregaba un 5% de los subsidios y hasta 500 mil dólares anuales por la Hidrovía, mientras que Roggio sostuvo que fueron “rehenes” de un sistema de presiones para sostener concesiones y evitar la rescisión de contratos. Otro de los apartados leídos refirió a los dichos del exsecretario presidencial Fabián Gutiérrez, asesinado en 2020, quien había hablado de bolsos y mochilas con dinero que circulaban por la Casa Rosada y de encuentros nocturnos con funcionarios del área de Transporte. Esos relatos, junto con las anotaciones de Centeno y los registros de llamadas entre los protagonistas, fueron presentados como parte del entramado probatorio. Pasado el mediodía, el tribunal dispuso un cuarto intermedio y confirmó que el próximo martes 30 de diciembre continuará la lectura de la acusación de la UIF. De cara a las indagatorias, los jueces anticiparon que al menos 19 defensas planean plantear cuestiones preliminares, en un proceso que se retomará en febrero tras la feria judicial. Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y el exsecretario de Obra Pública José López —arrepentido en la causa— son los principales imputados políticos, junto a cuatro exfuncionarios de segunda línea del Ministerio de Planificación. El expediente involucra a más de 50 empresarios, entre ellos Calcaterra y Aldo Benito Roggio, ambos arrepentidos. Según la acusación, “La Camarita” garantizaba retornos al Poder Ejecutivo de entre el 3 y el 20 por ciento. El Tribunal agendó una última audiencia antes del receso de verano para el martes próximo a las 9. El juicio se reanudará el 2 de febrero de 2026, con las indagatorias a los 86 acusados. gd/ML
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