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» Diario Chaco
Fecha: 23/12/2025 20:47
La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y aplicar de manera inmediata los aumentos salariales para docentes y no docentes, además de la actualización de las becas para estudiantes. La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien suspendió el decreto del presidente Javier Milei que había dejado sin efecto la norma. El fallo establece que el Poder Ejecutivo debe respetar la ley aprobada por el Congreso, incluso luego del veto presidencial, ya que ambas cámaras ratificaron la norma con la mayoría requerida. En ese sentido, el magistrado sostuvo que existe un deber claro del Estado de garantizar los recursos para el funcionamiento del sistema universitario público. En sus fundamentos, Cormick advirtió que el deterioro salarial no solo afecta a los trabajadores universitarios, sino también al derecho constitucional a enseñar y aprender. Remarcó que la pérdida del poder adquisitivo impacta directamente en la calidad educativa y en el normal desarrollo de las actividades académicas. El juez también relativizó el argumento del impacto fiscal señalado por el Gobierno. Indicó que, en el estado actual del proceso, la no aplicación de la ley implicaría un ahorro poco significativo dentro del presupuesto general de la Administración Pública Nacional. La acción judicial se inició luego de que el Ejecutivo suspendiera la ley mediante un decreto, pese a que el Congreso había insistido con su vigencia tras el veto presidencial. Según el fallo, esa suspensión administrativa no tiene respaldo constitucional, ya que la Carta Magna no contempla esa facultad frente a una ley ratificada por el Poder Legislativo. Cormick cuestionó además el uso de una norma de menor jerarquía, la ley 24.629, como fundamento del decreto. Señaló que ninguna disposición legal inferior puede imponerse sobre un mandato constitucional expreso ni sobre una ley sancionada por el Congreso. La medida judicial es de carácter provisorio y se mantendrá vigente hasta que exista una resolución definitiva del caso. El magistrado aclaró que no genera consecuencias irreversibles y que puede ajustarse en función del debate presupuestario en curso, en línea con el principio de separación de poderes. La Ley 27.795 garantiza la actualización automática del presupuesto universitario según la inflación, la recomposición salarial con carácter remunerativo y bonificable, la convocatoria a paritarias nacionales y el fortalecimiento de los programas de becas, especialmente para estudiantes en situación de vulnerabilidad.
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