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» Clarin
Fecha: 23/12/2025 20:40
La decisión del Gobierno de no vetar su propio Presupuesto para evitar la vigencia de dos leyes que considera que no tienen posibilidad de financiamiento forzará al Poder Ejecutivo a ajustar unos 7 billones de pesos en otras áreas para sostener el superávit fiscal durante el año próximo. Las leyes de financiamiento educativo universitario y la emergencia en discapacidad tendrían para Hacienda un costo fiscal de 0,7% del PBI (0,23% para el primer caso y hasta 0,48% en el segundo). El presidente Javier Milei anticipó este fin de semana que no vetará el Presupuesto más allá de esas leyes que el oficialismo no consiguió derogar. De esa manera, reconoció, el Ministerio de Economía debería ejecutar un recorte de otros gastos para cumplir con las erogaciones que prevén esos dos artículos incluidos en la previsión presupuestaria del 2026. Se le abre al Gobierno, así, una serie de disyuntivas: algunos gastos ya fueron marcadamente podados en los dos primeros años fiscales y tiene menos margen para seguir avanzando sobre ellos. Transferencias a provincias y obra pública, por ejemplo, están en esa lista. Los subsidios, otro segmento que le demanda muchos fondos al fisco, tendría un ajuste más acelerado el año próximo. De cara a 2026, distintas consultora y centros de estudios coincidieron en que el escenario fiscal se encamina a una etapa de mayor "normalización", tras los fuertes cambios registrados en 2024 y 2025. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) ensayó una proyección sobre qué áreas podrían ser ajustadas para cubrir ese costo extra, que este centro de estudios calculó en 0,5% del PBI. Para llegar a una conclusión, observó qué renglones del gasto no son inflexibles por estar atados a la inflación, como las jubilaciones. Según un criterio por el cual cada gasto aporta según su proporción de peso en el presupuesto, los salarios públicos se llevarían la peor parte, con 0,19% del PBI, es decir que cubrirían cerca del 40% del recorte necesario. Le seguirían los programas sociales y los subsidios a la energía (0,07 puntos del PBI cada uno), gastos en bienes y servicios (0,06 puntos), subsidios al transporte, la inversión real directa y las transferencias corrientes aportarían cerca de 0,03 puntos cada uno. Desde la Fundación Mediterránea advirtieron que los supuestos macroeconómicos incluidos en el proyecto de Presupuesto para 2026 tienen un sesgo optimista. En particular, remarcaron que “tanto el supuesto de inflación anual (10,1%) como el de crecimiento real del PIB (5%) lucen exigentes”, y consideraron más probable una inflación superior y una expansión económica más moderada. Esto tendría un efecto en la cuestión fiscal: según el análisis de la entidad, una inflación más elevada permitiría una recaudación mayor a la prevista, aunque al mismo tiempo implicaría más erogaciones en aquellas partidas que ajustan automáticamente por precios. La clave fiscal, subrayaron, estaría en el manejo del gasto no indexado: si ese componente se mantiene dentro de los límites nominales presupuestados, podría derivar incluso en un superávit primario más elevado. Sobre esta cuestión, estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) indicaron que cerca del 78,1% de los recursos quedaban virtualmente “intocables” bajo las reglas vigentes, mientras que el 21,9% restante —que incluía programas sociales, subsidios, transferencias a provincias y gastos en bienes y servicios— conformaba el margen potencial de ajuste. Desde la consultora LCG agregaron que el desafío fiscal se verá reforzado por nuevas presiones sobre los ingresos y el gasto. Indicaron que “la baja de retenciones anunciada recientemente restará ingresos por 0,1% del PBI”, y que una eventual reforma laboral con una reducción significativa de las contribuciones patronales podría implicar una merma adicional de hasta 0,54% del Producto, parcialmente compensable —según señalaron— por una mayor creación de empleo formal. A ese cuadro se sumaría la inercia del gasto indexado por movilidad, que agregaría una presión estimada en 0,2% del PBI. En un contexto en el que el Gobierno reiteró su negativa a subir impuestos y la actividad económica muestra dificultades para despegar, LCG concluyó que la brecha resultante entre menores ingresos y mayores gastos “demandará una nueva ronda de ajustes fiscales en 2026”. SN Sobre la firma Mirá también Newsletter Clarín
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