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Parana » AIM Digital
Fecha: 23/12/2025 18:18
El organismo elimina la histórica prohibición de cosecha en octubre y noviembre, simplifica sanciones y se limita al control de calidad. Es el fin de la intervención estatal en el precio y el stock de la yerba mate. Se reaviva la disputa por el modelo productivo. La disputa por el modelo yerbatero alcanzó uno de sus puntos más tensos hacia el cierre de 2025, luego de que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) avanzara con una profunda revisión de su marco normativo. A través de la Resolución 146/2025, publicada en el Boletín Oficial, el organismo eliminó y reformó disposiciones que durante más de dos décadas estructuraron el funcionamiento de la actividad, en línea con el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional. La decisión se inscribió en la reconfiguración del rol institucional del Inym establecida por el DNU 70/2023 y el Decreto 812/2025, normas que redefinieron sus objetivos, funciones y facultades. A partir de ese nuevo esquema, el Instituto dejó de intervenir en la dinámica económica del sector y pasó a concentrar su accionar en tareas vinculadas a la verificación de calidad, trazabilidad y salubridad del producto, evitando —según los fundamentos oficiales— regulaciones que puedan distorsionar el mercado. En concreto, el Directorio del Inym resolvió abrogar las Resoluciones 15/2003, 37/2007 y 103/2017, al considerar que se encontraban desactualizadas, resultaban incompatibles con el nuevo marco normativo vigente o introducían restricciones que afectaban la libre iniciativa privada. Entre los cambios más significativos se destacó la eliminación de la norma que suspendía la cosecha y la “secanza” de yerba mate durante los meses de octubre y noviembre. Históricamente, esa regulación había tenido como objetivo proteger la planta y preservar la calidad del producto, pero desde el Instituto sostuvieron que se trataba de una prohibición con consecuencias sancionatorias que ya no resultaba compatible con un mercado competitivo. No obstante, aclararon que sigue siendo responsabilidad de cada operador respetar los ciclos biológicos del cultivo. La Resolución 146/2025 también dejó sin efecto el régimen de inhabilitación inmediata para operadores que no contaran con documentación respaldatoria durante las inspecciones. Desde el Inym se argumentó que esa sanción resultaba excesiva frente a incumplimientos formales, especialmente cuando no se detectaban irregularidades sustantivas en la actividad. Además, se introdujeron modificaciones parciales a la Resolución 21/2009, que regula el procedimiento de control de declaraciones juradas. En ese marco, se derogaron los artículos 7 y 8, que preveían efectos adicionales considerados “muy gravosos” para faltas formales que ya estaban sancionadas con multas económicas. En reemplazo del régimen de baja automática, se estableció un sistema de inhabilitación previa intimación fehaciente en casos de incumplimientos reiterados. A partir de ahora, la falta de presentación de tres declaraciones juradas en un mismo año calendario dará lugar a una intimación con un plazo de cinco días hábiles, bajo apercibimiento de inhabilitación para operar hasta regularizar la situación y abonar las multas correspondientes. Desde el organismo señalaron que esta resolución no agota el proceso de revisión normativa. El Directorio del Inym se comprometió a continuar avanzando de manera progresiva en el análisis de otras disposiciones de mayor complejidad, con el objetivo de adecuar en su totalidad el stock normativo a los lineamientos fijados por el Poder Ejecutivo Nacional. La medida fue aprobada por una mayoría de dos tercios del Directorio. Cabe recordar que el Inym, creado en 2002, tuvo históricamente entre sus principales funciones la fijación de precios oficiales, la regulación de los períodos de cosecha y la intervención directa en la relación entre oferta y demanda. Desde hace meses, ese rol se encuentra en el centro de un intenso debate público. Sectores productores advirtieron que la desregulación estructural dejó a la actividad sin herramientas para equilibrar precios y proteger a los pequeños operadores, mientras que otros actores del sector celebraron la apertura del mercado y la reducción de controles estatales. En ese contexto, la resolución publicada profundizó el clima de malestar, con manifestaciones, críticas políticas y preocupación por los impactos sociales y económicos que la reconfiguración del Inym podría tener en la región yerbatera del país.
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