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» Diario Norte
Fecha: 23/12/2025 14:55
Fue un año muy complejo en lo que respecta al transporte y el tránsito de Resistencia, con usuarios que sufrieron un servicio prestado por empresas de colectivos en crisis. A la par, las prestatarias vivieron una constante tensión con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mientras se desarrollaban discusiones tarifarias permanentes. En simultaneo, la situación vial se tornó cada vez más conflictiva con siniestros viales que saturaron las guardias del Hospital Perrando, donde la imprudencia y la sobrepoblación de motos fueron las grandes protagonistas. Además, el regreso del estacionamiento medido buscó ordenar el microcentro, pero también generó cuestionamientos y abrió nuevos debates. Colectivos en emergencia: empresas en crisis y un servicio que se achica El sistema urbano del Gran Resistencia atravesó un deterioro profundo. Las principales prestatarias —ERSA, TCM y San Fernando— activaron procesos preventivos de crisis (PPC) que terminaron marcando el pulso del sector. La caída de subsidios nacionales, la insuficiencia de los aportes provinciales y la baja demanda derivaron en un escenario de recaudación mínima, mientras los costos —salariales y de combustible— seguían escalando. La consecuencia inmediata fue una reducción de servicios de hecho: menos unidades en calle, mayor espera y choferes con jornadas acotadas, lo que derivó en un plantel "sobredimensionado" según las empresas. La UTA rechazó de plano las suspensiones, pero la negociación llegó a un límite: las firmas insistieron en que sin una reestructuración laboral y sin una actualización tarifaria, el sistema no puede sostenerse. El conflicto quedó abierto. Las fricciones entre el gremio y las prestatarias atravesaron todo 2025. Marzo, mayo y septiembre tuvieron paros directos motivados por falta de pago o demoras salariales, mientras que julio y octubre rozaron medidas de fuerza que finalmente se desactivaron a último momento. El sindicato sostuvo que los trabajadores fueron "la variable de ajuste" de un sistema desfinanciado. Las empresas, por su parte, defendieron los procesos preventivos de crisis como única vía para evitar despidos masivos. Sin controles estrictos del Estado y con una demanda que caía mes a mes, afirmaron que el sistema arrastraba una capacidad ociosa del 20% al 25%. La disputa todavía no tiene resolución. En el medio de esa disputa quedaron rehenes los usuarios, como los vecinos del barrio 17 de Julio, que tienen estudiantes que llegan tarde o directamente faltan a la escuela, madres que deben retirar antes a sus hijos por temor a que no haya colectivo de regreso, trabajadores que pierden horas enteras sólo esperando en la parada son las consecuencias de una tensión que no deja de escalar. Cuánto debe valer el pasaje El valor del pasaje fue uno de los debates más sensibles del año. La tarifa técnica —que estima el costo real por viaje— cerró el año en torno a los $2900–$3000, muy por encima de los $1913 de diciembre de 2023. Pero la pregunta clave seguía siendo la misma: ¿cuánto deberá pagar el usuario? En un contexto donde el IPK cayó a 1,2 pasajeros por kilómetro —el más bajo en años—, los escenarios planteados en audiencias públicas marcaron un abanico complejo: si el Estado mantuviera el subsidio fijo, el boleto treparía por encima de los $2300; si sostuviera el porcentaje actual (32%), rondaría los $2000; y si ampliara la asistencia al 40%, el valor podría quedar cerca de los $1760. Aplicaciones y una regulación que genera controversia Mientras el transporte tradicional entraba en crisis, las plataformas digitales se expandieron con fuerza. Uber, DiDi y la app local Trami —desarrollada por el sector de remises y radiotaxis— ampliaron su presencia en la ciudad, captando usuarios que buscaban tarifas previsibles y mayor disponibilidad. Destacaron los viajes en motocicleta, tan económicos y veloces como imprudentes. Frente a este avance, el Concejo Municipal dio el primer paso para regular el funcionamiento de las apps, pero el proyecto generó polémica: solo incluye autos y camionetas, dejando afuera a las motos. La Cooperativa de Motomandados alertó que la exclusión "es inentendible", mientras advierte por inseguridad, falta de controles y cuentas de conductores que se prestan o alquilan. Motos, accidentes y un tránsito que no da tregua La otra crisis que marcó el 2025 fue la del tránsito, con una sobrepoblación de motos que domina la escena vial de una ciudad donde circulan más de 320.000 vehículos, de las cuales 193.000 son motos registradas, según la Subsecretaría de Tránsito municipal. A esta cifra, se suman las motocicletas no declaradas, lo que confirma que siete de cada diez vehículos en las calles de la capital chaqueña son motovehículos. En ese contexto, los siniestros diarios marcaron el pulso de la discusión. A la falta de estadísticas públicas integradas, NORTE consultó con diversas fuentes: más del 80% de los accidentes atendidos en el Hospital Perrando involucraron motociclistas. Solo en los primeros seis meses de 2025, los servicios de emergencia y la Policía del Chaco registraron un promedio de 550 accidentes mensuales con lesionados en Resistencia. Proyectado al año, equivale a más de 6600 siniestros con heridos. Los datos del área de emergencias del mayor centro de salud de la provincia son elocuentes: se atienden hasta 60 heridos por día producto de siniestros viales, en su mayoría motociclistas jóvenes de entre 18 y 35 años, muchos de ellos sin casco o documentación. El deterioro de calles y avenidas, aunque parcialmente mitigado por tareas de bacheo, alimentó un escenario de circulación complejo. Muchos de los semáforos quedaron fuera de servicio durante varias semanas del año, lo que agravó aún más la situación en las esquinas más transitadas. El regreso del estacionamiento medido Tras más de un año sin control ni cobro, el estacionamiento medido volvió al microcentro bajo el sistema Sidem. Desde el Municipio se argumentó que la iniciativa tenía como objetivo descomprimir las calles centrales, evitar el estacionamiento prolongado y mejorar la circulación diaria. Entre tanto, los automovilistas dejaron en claro su disconformidad manifestando que la modalidad adoptada era exclusivamente recaudatoria. Al mismo tiempo, muchos usuarios cuestionaron los horarios, la delimitación de los boxes y la ausencia de puesteros, reemplazados por la app. El año cerró sin respuestas definitivas y con debates que seguirán marcando la agenda pública: cómo garantizar un transporte sostenible, cómo regular la convivencia con las plataformas, cómo ordenar una ciudad desbordada de motos y cómo devolver al tránsito un orden que hace tiempo reclama.
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