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  • Condenan a 16 militares por la desaparición forzada de cuatro menores en Guayaquil | 23 de diciembre de 2025

    » Hoy Dia

    Fecha: 23/12/2025 14:31

    Un Tribunal de Garantías Penales de Ecuador condenó a 16 militares por la desaparición forzada de un niño y tres adolescentes afrodescendientes ocurrida en diciembre de 2024 en la ciudad de Guayaquil. El fallo, informado por la Fiscalía General del Estado, marca un precedente judicial en un caso que generó fuerte impacto social y denuncias por violaciones a los derechos humanos. La sentencia fue dictada tras concluir la audiencia de juzgamiento del denominado caso “Malvinas”, en referencia al barrio del sur guayaquileño donde las víctimas fueron vistas por última vez. Los magistrados encontraron culpables a 11 militares como autores directos del delito y les impusieron una pena de 34 años y ocho meses de prisión. Otros cinco efectivos recibieron condenas de 30 meses de cárcel por su rol como cooperantes. Las víctimas fueron Steven Medina, de 11 años, y los adolescentes Josué Arroyo, de 14, y Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, ambos de 15. De acuerdo con la investigación fiscal, los menores fueron detenidos por personal militar tras salir de jugar al fútbol y trasladados en vehículos oficiales de las Fuerzas Armadas. Días después, sus restos fueron hallados a unos 37 kilómetros del lugar de la detención, en una zona rural cercana a una base de la Fuerza Aérea, y su identidad fue confirmada mediante pericias forenses. El tribunal basó su decisión en un amplio cuerpo probatorio que incluyó testimonios, informes periciales y más de un centenar de documentos. Además de las penas de prisión, la sentencia contempla el pago de una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados y una reparación económica de 10.000 dólares para cada familia afectada. Como parte de las medidas de reparación simbólica, los jueces ordenaron que los militares condenados y el Ministerio de Defensa realicen disculpas públicas y rectifiquen la información difundida inicialmente sobre el caso. La resolución busca, según destacó la Fiscalía, restituir la dignidad de las víctimas y sentar responsabilidades institucionales en un hecho que expuso graves abusos de poder.

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