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» Diariopinion
Fecha: 23/12/2025 12:51
La situación se agravó cuando trascendió que, mientras el vionalor regresaba a su domicilio, la familia de la niña que espera ser intervenida quirurjicamente por sangrado en la colita, fue trasladada de su módulo habitacional por disposición del poder político, quedando alojada en un lugar sin condiciones básicas y sin agua, lo que los vecinos interpretaron como un castigo a la víctima y una medida de protección al puntero disfrazado de Pastor denunciado. La bronca social estalló en un contexto marcado por años de denuncias sobre el manejo político de los módulos habitacionales, utilizados —según relatan los residentes— como herramientas de control partidario, con premios para la militancia alineada y sanciones para quienes reclaman. Un esquema que los vecinos comparan con prácticas "a lo Emerenciano Sena". Reclamos del barrio Durante la protesta, los vecinos exigieron: La restitución inmediata del módulo a la familia de la niña. La presencia en el barrio del juez y la fiscal intervinientes. Medidas judiciales efectivas que garanticen seguridad y protección a la víctima. La intervención de la ministra de la Comunidad, para dar respuestas concretas y reparar el daño ocasionado. Una Justicia cuestionada La causa quedó en manos del juez Sergio Felipe Cañete, titular del Juzgado de Instrucción N.º 2, cuya intervención no generó confianza en la comunidad. Vecinos y referentes sociales cuestionan la falta de independencia del Poder Judicial, señalando un sistema de designaciones politizadas que, en casos sensibles, termina debilitando la credibilidad institucional. En una causa que exige celeridad, transparencia y centralidad en la víctima, la respuesta judicial fue leída por amplios sectores como otra señal de impunidad. El origen de la protesta La manifestación tuvo como detonante la denuncia pública de Belén Ocampo, realizada en una entrevista con el periodista Tyntu Ruiz. Allí relató que su hija recibe asistencia médica y psicológica y que, pese a la gravedad del caso, el violador permanece en libertad protegido por el blindaje politico, judicial, policial, mientras su familia fue desplazada del barrio. Según la madre, los pedidos de ayuda ante organismos del Estado no tuvieron respuestas positivas, profundizando la sensación de abandono y desprotección. Una señal de alarma social Lo ocurrido en el Lote 110 dejó al descubierto una crisis profunda: cuando las instituciones no dan respuestas claras ni priorizan a las víctimas, la conflictividad social se incrementa. Justicia cuestionada, víctimas desprotegidas y una comunidad que exige respuestas. La protesta no fue un hecho aislado: fue el reflejo de una sociedad cansada de la impunidad.
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