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Crespo » Paralelo 32
Fecha: 23/12/2025 09:57
Durante su decimoprimera sesión del año y la 92° en la historia del organismo, el plenario del Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) analizó la situación de la cobertura de prestaciones que brinda la Obra Social de Entre Ríos (OSER) a sus afiliados y afiliadas, junto a otros temas vinculados a las funciones y competencias del organismo, que funciona en la órbita del Ministerio Público de la Defensa. La reunión se realizó el jueves 18 de diciembre y fue la última del año. Participaron el secretario ejecutivo del ORSM, Martín Cabrera; la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí; el director general de Salud Mental, Esteban Dávila; la directora general de Derechos Humanos, María Emma Bargagna; y representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos Analía Bressan, por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y Brenda Fael y Norberto González, por la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (Aufasam). Durante el encuentro, los integrantes del plenario intercambiaron opiniones en torno a un informe remitido por las autoridades de OSER a pedido del Órgano y coincidieron en la necesidad de realizar aportes que permitan mejorar los niveles de accesibilidad de los beneficiarios a las prestaciones de salud mental. En ese marco, señalaron como aspectos prioritarios la actualización de los aranceles de las prestaciones de Psicología, la revisión de los porcentajes y tiempos de los reintegros, y la ampliación de la cobertura de servicios brindados por acompañantes terapéuticos, instituciones de abordaje de consumos problemáticos y cuidadores domiciliarios. Asimismo, los integrantes del ORSM enfatizaron que lo que está en juego es la salud mental y el bienestar emocional de los trabajadores y trabajadoras estatales, incluyendo a quienes se desempeñan en áreas esenciales como salud pública, educación, fuerzas de seguridad y administración pública, todos ellos afiliados a la obra social provincial. Advirtieron además que las restricciones de acceso a las prestaciones podrían constituir actos discriminatorios y generar una situación de desventaja frente a afiliados y afiliadas de otras obras sociales, al tiempo que señalaron que estas dificultades provocan una migración de las demandas hacia el sistema público de salud. Durante la sesión también se abordaron otros temas de relevancia, como el funcionamiento de la línea 135, el diálogo mantenido con autoridades del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) en relación con el Programa Contigo, y las intervenciones realizadas por el organismo en distintas instituciones de Entre Ríos que brindan atención en salud mental.
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