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» El Esquiu
Fecha: 22/12/2025 18:05
Ritondo impugnó designaciones en la AGN por “inconstitucionales e ilegítimas” El diputado del PRO cuestionó la validez de los nombramientos de tres auditores y pidió que se suspendan sus efectos hasta que se expida la Justicia.El diputado nacional del PRO Cristian Ritondo presentó este lunes una impugnación ante la Auditoría General de la Nación (AGN) contra las designaciones de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cintia Pamela Calletti, al considerar que los nombramientos están viciados de inconstitucionalidad e ilegitimidad. Según el escrito dirigido al presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, las designaciones dispuestas mediante la Resolución 7018-D-2025 se encuentran actualmente cuestionadas en sede judicial a través de una acción de amparo en trámite ante el fuero federal. Ritondo precisó que la causa, caratulada “Ritondo Cristian Adrián c/ Honorable Cámara de Diputados de la Nación s/ Amparo”, tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°10, lo que —a su entender— vuelve improcedente la consolidación de los efectos institucionales de los actos impugnados hasta que exista una resolución judicial firme. En la presentación, el legislador advirtió que las designaciones carecen de competencia funcional, vulneran el debido proceso parlamentario y el principio de legalidad, razones por las cuales consideró que los actos administrativos resultan nulos. Asimismo, remarcó una supuesta irregularidad temporal, ya que la resolución impugnada lleva fecha 17 de diciembre, mientras que la votación correspondiente se habría realizado a las 02:55 del 18 de diciembre. Ritondo sostuvo que la impugnación se basa en una interpretación sistemática de la Constitución Nacional, la Ley 24.156 y los reglamentos parlamentarios, y alertó que convalidar las designaciones cuestionadas podría afectar el equilibrio institucional y el rol de los organismos de control del Estado. Finalmente, solicitó que la AGN se abstenga de consolidar los efectos de los nombramientos impugnados y adopte las medidas necesarias para preservar la legalidad institucional, sin perjuicio de lo que resuelva el Poder Judicial.
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