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Parana » AIM Digital
Fecha: 22/12/2025 17:42
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad que agrupa a diversas federaciones y confederaciones provinciales, presentó ante legisladores nacionales un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal, con el objetivo de tipificar y sancionar de manera específica los delitos que afectan a la producción agropecuaria. La iniciativa busca dotar al Estado nacional de herramientas jurídicas eficaces frente a hechos delictivos que dañan bienes, infraestructura y el esfuerzo productivo del sector rural. El proyecto plantea la reforma de los artículos 186 y 189 del Código Penal e incorpora el 184 bis, que crea la figura de “Vandalismo rural”. Esta tipificación prevé penas de dos a cinco años de prisión para quienes afecten el normal desempeño de un establecimiento rural mediante la destrucción, inutilización o daño de granos, silos bolsa, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y otros bienes vinculados a la actividad agropecuaria. En relación a la iniciativa, desde CRA señalaron que “no se trata solo de proteger bienes materiales, sino de resguardar el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país”. En tal sentido, remarcaron que los ataques a silobolsa y a establecimientos rurales “se han vuelto una práctica reiterada que hoy no encuentra una respuesta penal acorde a la gravedad del daño que provocan”. La propuesta también actualiza la figura del delito de estrago -incorporando nuevas modalidades como la liberación de patógenos- y establece escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia, así como cuando se ponga en riesgo la vida de las personas o se produzcan consecuencias fatales. Desde la entidad gremial explicaron que el Código Penal vigente presenta “falencias que dificultan una respuesta judicial efectiva frente a estos hechos”. “El delito evoluciona y se adapta a nuevas prácticas; la ley debe hacer lo mismo para evitar la impunidad y brindar certezas a las víctimas”, afirmaron. Finalmente, CRA subrayó que esta iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito rural y contribuir a la prevención de delitos que afectan no solo a los productores, sino también al desarrollo económico y social de las comunidades del interior del país.
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