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Fecha: 22/12/2025 12:34
En un rincón tranquilo de la Patagonia, en la ciudad de Bariloche, se desarrolla un drama que trasciende la suerte personal de un solo hombre. El disidente ruso de 58 años, Konstantin Rudnev, lleva ya ocho meses en prisión preventiva sin juicio ni condena. Su salud se deteriora rápidamente y, según defensores de derechos humanos y un número creciente de ciudadanos, el sistema judicial argentino muestra violaciones flagrantes de derechos básicos. La reciente prórroga de su detención hasta abril de 2026, a pesar de las recomendaciones médicas, no hizo más que intensificar la oleada de críticas. La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya han recibido presentaciones sobre el caso, mientras la sociedad, en redes y en las calles, exige justicia. La Fiscalía de Bariloche, encabezada por Fernando Óscar Arrigo, Tomás Labal y Gustavo Revore, quedó en el centro del escándalo: se los acusa de ignorar aspectos humanitarios y de dilatar el proceso. Grave estado de salud: “Lo están matando lentamente en la cárcel” Desde su detención en abril de 2025, Rudnev ha perdido más de 30 kilos. Padece fibrosis pulmonar, episodios de asfixia y problemas neurológicos, agravados por las condiciones en la cárcel Unidad 6 de Rawson. El pabellón, mal ventilado y donde sus compañeros fuman, convirtió las noches en una tortura. Los informes médicos de octubre de 2025, elaborados por los doctores Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, son categóricos: Rudnev necesita hospitalización urgente en un centro especializado, como el Sanatorio Otamendi o el Hospital de Clínicas en Buenos Aires. “Sin un tratamiento adecuado, su vida está en riesgo”, subrayan los expertos. La esposa de Rudnev, Tamara, en un video emocional difundido en redes, declaró: “Esto no es justicia, es una ejecución lenta. Solo pedimos una oportunidad para que Konstantin pueda vivir”. El abogado Carlos Broitman agregó en entrevista con medios locales: “El proceso está lleno de irregularidades: desde la ausencia de un traductor para un acusado rusohablante hasta el rechazo de las recomendaciones médicas. No es casualidad, es un sistema”. El juez Gustavo Zapata, a comienzos de noviembre, prorrogó la detención basándose en la supuesta “falta de urgencia” para la hospitalización y en un presunto “rechazo” de Rudnev a recibir tratamiento en prisión. La defensa lo desmiente: nunca hubo tal rechazo; el malentendido surgió por la barrera idiomática. “La fiscalía utiliza esto como excusa para demorar el caso”, afirma Broitman. Las acusaciones: ¿motivación política o delitos reales? Rudnev fue detenido el 28 de marzo de 2025 en el aeropuerto de Bariloche cuando intentaba viajar a Brasil con un grupo de mujeres. La fiscalía lo acusa de trata de personas, narcotráfico y violencia psicológica, basándose en testimonios anónimos. Pero la defensa sostiene que las pruebas son débiles y que el caso tiene motivación política: en Rusia, Rudnev ya cumplió once años de prisión por acusaciones similares, que él considera fabricadas. “No hay víctimas reales, no hay evidencias, solo conjeturas”, insisten sus abogados. Las críticas hacia la Fiscalía de Bariloche van en aumento. Fernando Óscar Arrigo, previamente involucrado en investigaciones prolongadas como la tragedia de la línea Sarmiento en 2012 —donde las familias de las víctimas denunciaron ineficacia—, ahora enfrenta acusaciones similares. “Ignorar informes y protocolos médicos es un problema sistémico”, señalan especialistas. Los fiscales Labal y Revore también están bajo presión: la ciudadanía exige explicaciones sobre por qué los aspectos humanitarios quedaron relegados. Indignación popular: hashtags, peticiones y protestas El caso Rudnev trascendió los tribunales y se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos humanos. Tras publicaciones en los medios, incluida nuestra nota del 5 de diciembre, se encendió una campaña en redes. El hashtag #LibertadRudnev gana fuerza: los usuarios comparten mensajes exigiendo su hospitalización inmediata. “Esto no es política, es humanidad. ¡Liberen a Rudnev!”, es un comentario típico en Facebook y X (antes Twitter). Una petición que exige su traslado a un hospital ya superó las 1400 firmas y el número sigue creciendo. La sociedad interpela directamente a la fiscalía: “¡Arrigo, Labal, Revore: den la cara ante el pueblo!”. Los argentinos, habituados a luchar por la justicia, ven en este caso el eco de un problema estructural: el 40% de los detenidos en el país espera juicio durante meses, y los extranjeros sin dominio del español son especialmente vulnerables. Repercusión internacional: la ONU y la CIDH en alerta La defensa de Rudnev no se limitó a instancias nacionales. Se presentaron denuncias ante mecanismos de monitoreo de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas instituciones, reconocidas por su postura firme ante detenciones preventivas prolongadas y condiciones de encierro, ya expresan preocupación. “El caso Rudnev es una prueba para Argentina respecto de su cumplimiento de los estándares internacionales”, señalan defensores de derechos humanos. Si se confirman violaciones, podrían derivar en recomendaciones oficiales e incluso sanciones. Qué sigue: exigencias de justicia La suerte de Konstantin Rudnev no es solo una tragedia personal, sino un desafío para toda la justicia argentina. La defensa reclama: - Su traslado inmediato a un hospital bajo arresto domiciliario con control médico. - El cierre de la causa por falta de fundamentos. - Una investigación independiente sobre las actuaciones de la fiscalía por posibles abusos. Mientras la Fiscalía de Bariloche guarda silencio, el pueblo, la ONU y la CIDH hablan cada vez más fuerte. Argentina, un país con una profunda tradición de lucha por los derechos, no puede permitirse ignorar este clamor por justicia.
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