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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 22/12/2025 10:38
Luego de obtener media sanción del proyecto de Inocencia Fiscal, el Gobierno nacional dejó trascender que estaría dispuesto a revisar el esquema de multas para pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Sin embargo, esa eventual corrección quedaría supeditada a una instancia posterior: recién después de que la iniciativa sea aprobada tal como está durante las sesiones ordinarias. Mientras tanto, si el proyecto se convierte en ley sin modificaciones, las multas automáticas sufrirán incrementos superiores al 110.000%, un impacto que recaerá con especial dureza sobre el entramado productivo más chico. “Los montos de incremento que tiene el proyecto son muy importantes. Por ejemplo, la multa del artículo 38 que hoy es de $200 —claramente desactualizada— para personas humanas pasa a $220.000 y para personas jurídicas de $400 a $440.000”, explicó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, antes del tratamiento en la Cámara de Diputados. Se trata de sanciones que se aplican ante la falta de presentación en tiempo y forma de declaraciones juradas, incluso por incumplimientos formales mínimos. “Puede haber una PyME que se atrase un día por problemas administrativos, falta de personal o contingencias habituales. Para ese tipo de empresas, una multa de este nivel es extremadamente onerosa”, advirtió Domínguez. Durante el debate legislativo, el peronismo presionó para introducir cambios que contemplen multas diferenciadas según el tipo de contribuyente, aunque sin éxito. En la misma línea se expresó Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, quien calificó como polémica la decisión oficial de aplicar multas fijas y elevadas, sin distinción entre pequeños contribuyentes y grandes empresas. “La graduación apunta a que personas físicas y PyMEs no reciban la misma sanción que una gran compañía por un incumplimiento meramente formal”, señaló. Girardi subrayó que el debate de fondo no pasa por actualizar valores atrasados, sino por definir un sistema sancionatorio proporcional y razonable, acorde a la capacidad contributiva. “El riesgo es que, sin graduación, el régimen termine siendo regresivo, castigando errores formales con el mismo rigor que conductas de evasión relevante”, advirtió. La paradoja es evidente: el mismo proyecto con el que el Gobierno busca incentivar a los argentinos a sacar los dólares del colchón, eleva en paralelo las multas automáticas en más de un 110.000%. Esto supone un duro golpe para todos los contribuyentes, pero especialmente para las PyMEs, que ya vienen siendo afectadas por el apretón monetario aplicado antes de las elecciones legislativas. La estrategia se inscribe en lo que distintos analistas describen como una política de “garrote encubierto” del ministro de Economía, Luis Caputo. Mientras la reforma laboral propone bajar el impuesto a las Ganancias a las sociedades, con un costo fiscal estimado en 0,22% del PBI y un beneficio concentrado en apenas 144 grandes empresas, se busca compensar esa pérdida de recursos castigando al eslabón más débil del sistema productivo. No es un debate nuevo. Durante el tratamiento de proyectos impulsados por Ricardo López Murphy y Óscar Agost Carreño, a mediados de año, el Gobierno ya había enviado al entonces titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, a negociar la inclusión del proyecto de Inocencia Fiscal, con especial énfasis en la actualización de las multas. El compromiso de Bullrich La senadora Patricia Bullrich, encargada de las negociaciones en la Cámara alta, reconoció el viernes pasado que el oficialismo estaría dispuesto a introducir cambios, aunque solo después de que la ley entre en vigencia, mediante una futura “ley corta”. “Estamos dispuestos en las sesiones ordinarias a analizar el planteo que hacen los senadores Abad y Vischi respecto a las multas para contribuyentes pequeños y la posibilidad de que sean acordes. Pero creemos importante poner en marcha esta ley y luego subsanar el problema”, afirmó Bullrich. Si bien la iniciativa cuenta con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales, no faltaron cuestionamientos. El senador radical Maximiliano Abad celebró el cambio de paradigma que propone la Inocencia Fiscal, pero advirtió: “En la actualización de las multas se pasa de $200 a $200.000 y no queda claro el criterio. Además, no se discrimina entre pequeños, medianos y grandes contribuyentes”. La ecuación política es clara: Bullrich necesita exhibir resultados ante la Casa Rosada y mostrar avances legislativos antes de fin de año. Sin embargo, la desconfianza persiste. Los reclamos para establecer un sistema de actualización razonable y multas graduadas por tipo de contribuyente venían siendo planteados desde antes del debate en Diputados, tanto por legisladores dialoguistas como por especialistas, advertencias que el Gobierno eligió no escuchar.
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