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» El Ancasti
Fecha: 22/12/2025 06:23
Entre los muchos retrocesos registrados en materia de derechos durante el actual gobierno libertario, deben mencionarse los inherentes a los pacientes con problemas de salud mental. Un informe publicado por el portal eldiarioar.com a propósito de la situación que se vive en el establecimiento psiquiátrico más emblemático de la Argentina, el Hospital Borda, revela hasta qué punto el abordaje de la problemática en la Argentina se basa en criterios que se suponían desterrados desde la sanción de la Ley nacional de Salud Mental vigente desde hace más de 15 años. Según el trabajo periodístico, que recoge testimonios dramáticos de trabajadores del establecimiento, el Borda se convirtió en una enorme comisaría. Es decir, funciona con una lógica más carcelaria que de hospital Neuropsiquiátrico. Es muy común que dentro del centro de salud transiten o permanezcan policías armados con su arma reglamentaria a la vista de las personas enfermas. La razón de esa presencia es que la Justicia deriva al Borda personas con padecimientos mentales que antes eran contenidos a través del programa Prisma, que funcionaba en las unidades penitenciarias. Los policías no solamente intimidan y cumplen funciones inadecuadas para un hospital neuropsiquiátrico sino que también se comportan, según testimonios recogidos por el medio, de un modo prepotente y maltratando a los trabajadores. Resulta imperioso que el Gobierno nacional revise de manera urgente sus prácticas en materia de salud mental y retome el pleno cumplimiento de la Ley vigente. Resulta imperioso que el Gobierno nacional revise de manera urgente sus prácticas en materia de salud mental y retome el pleno cumplimiento de la Ley vigente. Aunque no se registre este nivel de retroceso, en general todos los establecimientos de estas características han dejado paulatinamente de cumplir con las pautas establecidas por la ley vigente, que contiene postulados de avanzada como la eliminación de salas de contención y aislamiento, la prohibición del uso del electroshock, la priorización de servicios ambulatorios, la garantía de los derechos de los pacientes neuropsiquiátricos y la restricción de las internaciones a casos de riesgo cierto o inminente, entre otros. Además, durante 2025 el gobierno libertario inició un proceso de desmantelamiento de los equipos de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental Comunitaria y Adicciones (RISAM), una política pública clave para la formación de equipos con perspectiva comunitaria, integral y de derechos que se viene ejecutando desde hace varios años, en base a lo que establece la ley. Las RISAM propician abordajes y prácticas desde una mirada interdisciplinaria e integral. Están integradas por profesionales de las disciplinas de Medicina (Psiquiatría), Enfermería, Terapia Ocupacional, Psicología, Trabajo Social y Musicoterapia. En Catamarca ya se han restringido cupos de estos equipos, lo que afectará la contención y el acompañamiento permanente de personas con patologías mentales, que se encuentran en una situación de clara vulnerabilidad. De modo que resulta imperioso que el Gobierno nacional revise de manera urgente sus prácticas en materia de salud mental y retome el pleno cumplimiento de la Ley vigente, una norma que no solo significó un cambio de paradigma en la Argentina sino que además es reconocida a nivel regional como un modelo a seguir por su enfoque integral, comunitario y de derechos humanos. Persistir en políticas que desandan ese camino implica una vulneración concreta de derechos de personas que requieren cuidados específicos, abordajes interdisciplinarios y acompañamiento estatal sostenido desde una perspectiva de salud pública y no carcelaria.
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