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Concepcion del Uruguay » La Pirámide
Fecha: 21/12/2025 18:19
Un duro pronunciamiento cuestiona las recientes decisiones del Gobierno nacional vinculadas al destino de los terrenos del plan PROCREAR y advierte sobre un fuerte retroceso en las políticas públicas de acceso a la vivienda para los sectores populares. El planteo fue realizado por Víctor Hutt, ex presidente de la Comisión de Viviendas de AGMER Uruguay, quien denunció que las resoluciones 498, 499 y 500, publicadas en el Boletín Oficial, habilitan la subasta electrónica de predios que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales. Según se señala, los terrenos ubicados en Estación Buenos Aires, Parque Federal y Paraná fueron adquiridos específicamente para el desarrollo del PROCREAR, un programa orientado a personas con ingresos de entre dos y cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, con créditos accesibles, tasas bajas y cuotas similares a un alquiler. Para el autor del escrito, cambiar el destino de esos bienes y volcarlos al mercado inmobiliario “configura una estafa al Estado” y beneficia exclusivamente a inversores con alto poder económico. El pronunciamiento sostiene que la subasta de estos predios profundiza la exclusión habitacional y consolida una política que deja sin respuestas a miles de familias que no pueden acceder a una vivienda por las condiciones del mercado. En ese marco, se advierte que la eliminación del PROCREAR no solo implicó la interrupción de nuevas obras, sino también la paralización de proyectos ya planificados en distintas provincias. En el plano provincial, Hutt cuestiona duramente el rumbo del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) en Entre Ríos, al que acusa de haber abandonado su rol histórico como organismo constructor de viviendas sociales. Según expresa, el IAPV fue transformado en una “compañía financiera” que ofrece créditos con tasas de mercado, inaccesibles para los sectores de menores ingresos, y que exige como condición previa la compra de terrenos con servicios. De acuerdo al análisis presentado, antes del actual gobierno provincial el IAPV construía alrededor de 1.500 viviendas por año, mientras que en el presente período solo se habrían anunciado 150 créditos y un único plan de 19 viviendas, actualmente en licitación. “Pasamos de 1.500 viviendas por año a 19 en cuatro años de gestión”, señala el documento, advirtiendo que esta situación dejaría a unas 6.000 familias entrerrianas sin la posibilidad de acceder a una vivienda digna. El texto también cuestiona el gasto en publicidad del organismo y denuncia que su visibilidad mediática es utilizada con fines políticos por funcionarios que proyectan candidaturas futuras, mientras —según el autor— se desmantelan las políticas de vivienda social. El pronunciamiento concluye con un llamado de atención sobre las consecuencias sociales de estas decisiones y plantea que el acceso a la vivienda, lejos de ser una prioridad, ha quedado subordinado al negocio inmobiliario y a estrategias de gestión que profundizan las desigualdades.
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