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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 21/12/2025 08:29
En la causa AFA aparecen avionetas, campos usurpados y extraños movimientos que salpican al tesorero de la AFA Una investigación federal iniciada con bajo perfil a fines de 2017 dejó al descubierto un presunto engranaje logístico utilizado para vuelos ilegales en el norte de Santiago del Estero. El expediente, impulsado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), incluyó tareas de inteligencia, testimonios reservados y operativos encubiertos que confirmaron la existencia de una pista apta para avionetas en una zona rural del departamento Alberdi. La causa apuntó a un campo ubicado en el paraje conocido como “Ahí Veremos”, donde —según la investigación— se habría acondicionado un sector del terreno para el aterrizaje y despegue de aeronaves presuntamente utilizadas para el tráfico de estupefacientes. En el centro del expediente apareció el nombre de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), señalado por testigos como una figura de peso dentro del entramado investigado. Testigos protegidos y pruebas técnicas El expediente se abrió a partir de declaraciones de dos testigos que solicitaron reserva de identidad. Ambos coincidieron en señalar que el predio rural era utilizado como pista clandestina y que la operatoria incluía la usurpación de tierras. A partir de esas denuncias, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó una serie de medidas de prueba que robustecieron la hipótesis inicial. Entre ellas, se destacó la intervención de la Unidad de Operaciones Especiales Antidrogas de Gendarmería Nacional, que desplegó agentes encubiertos y utilizó drones para relevar la zona. El jefe del operativo, el primer alférez Norberto Omar Ghighlione, declaró ante la Justicia que se logró constatar la existencia de un lugar “apto para el aterrizaje de avionetas”, así como movimientos y equipamiento incompatibles con tareas rurales tradicionales. Vuelos irregulares y logística aérea La investigación sumó información proveniente del sistema de Tránsitos Aéreos Irregulares (TAI), el organismo estatal encargado de monitorear vuelos sospechosos. Según los registros oficiales, entre 2012 y 2018 se detectaron al menos 37 vuelos irregulares en la zona bajo análisis, con picos de actividad durante 2017. Los fiscales Diego Iglesias y Manuel Matilla también solicitaron colaboración al Grupo de Vigilancia y Control Aeroespacial de Gendarmería, que aportó datos sobre múltiples trayectos aéreos que convergían en el área rural investigada. La hipótesis era clara: el campo funcionaba como un nodo logístico dentro de una red de transporte aéreo ilegal. Empresas, nombres y vínculos El expediente incluyó referencias a una red de sociedades comerciales vinculadas a Toviggino, entre ellas HT SRL, firma que habría tenido control operativo sobre el campo investigado. En ese marco, apareció reiteradamente el nombre de Gabriel Gorosito, identificado por Gendarmería como una de las personas que impartía órdenes en el predio y que figuró como directivo o socio en empresas asociadas al dirigente de la AFA. La Justicia también ordenó el relevamiento de líneas telefónicas de los involucrados, en busca de cruces de comunicaciones que permitieran reconstruir la estructura del presunto entramado delictivo. El derrotero judicial y un expediente sin cierre Pese al volumen de pruebas reunidas, la causa dejó la jurisdicción de Campana y fue derivada primero a Catamarca y luego a Santiago del Estero, tras surgir conexiones con una organización narco de alcance regional. En ese tramo apareció la figura de Eva Portillo de Quiñones, conocida como “La Tía”, una operadora logística del narcotráfico detenida posteriormente. Con el paso de los años, la investigación perdió impulso y quedó diluida entre cambios de jurisdicción y decisiones judiciales. Sin embargo, el expediente conserva vigencia como antecedente clave en otras causas más recientes que analizan el posible lavado de dinero y el entramado societario ligado a Toviggino. La pista clandestina de “Ahí Veremos”, confirmada por la propia Gendarmería, quedó como una de las pruebas más contundentes de una causa que, pese a su gravedad, nunca llegó a una resolución definitiva. Un capítulo judicial que permanece abierto en los márgenes del poder político y deportivo del norte argentino. (Con información de Clarín y Diario neuquino)
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