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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 20/12/2025 10:39
La imputación por presunto lavado de dinero que involucra al empresario Foster Gillett y a Guillermo Tofoni, esposo de la diputada libertaria María Fernanda Santillán, vuelve a poner bajo la lupa al entorno político y económico que rodea al gobierno de Javier Milei, que llegó al poder prometiendo “terminar con la casta” pero ya enfrenta sus primeras sombras judiciales. La Justicia avanzó en las últimas horas con la imputación por lavado de activos contra el empresario Foster Gillett y Guillermo Tofoni, una figura conocida en el mundo de los negocios deportivos y, sobre todo, por su vínculo directo con el oficialismo: es el marido de la diputada nacional de La Libertad Avanza, María Fernanda Santillán. El caso abre un nuevo frente incómodo para el gobierno de Javier Milei, que intenta sostener un discurso de pureza moral mientras emergen investigaciones que alcanzan a su círculo político más cercano. La imputación se da en un contexto de creciente tensión entre el relato libertario y la realidad del ejercicio del poder. Milei construyó su identidad política denunciando la corrupción estructural de la dirigencia tradicional y prometiendo una ruptura total con los viejos vicios de la política argentina. Sin embargo, el avance judicial sobre personas directamente ligadas al oficialismo empieza a erosionar ese discurso fundacional. Si bien la diputada Santillán no se encuentra imputada, el vínculo personal y político con uno de los acusados vuelve inevitable el impacto institucional del caso. En especial, porque La Libertad Avanza ha hecho de la denuncia selectiva de la corrupción ajena uno de sus principales ejes de confrontación, mientras guarda silencio cuando las sospechas rozan su propio espacio. El nombre de Foster Gillett, empresario con múltiples conexiones en el ámbito financiero y deportivo, suma un componente adicional de gravedad a la causa. La presunta operatoria bajo investigación refuerza las preguntas sobre los entramados económicos que orbitan alrededor del nuevo poder político y sobre los límites reales entre el discurso antisistema y las prácticas del sistema que Milei decía combatir. Desde el Gobierno, por ahora, no hubo pronunciamientos de fondo. La estrategia parece ser la de minimizar el hecho, desligarlo del proyecto político y evitar cualquier costo institucional. Sin embargo, el silencio también comunica: mientras el Ejecutivo impulsa ajustes severos, recortes sociales y un discurso de austeridad extrema, las imputaciones por delitos económicos en su entorno inmediato generan un contraste difícil de disimular. El caso Gillett-Tofoni no solo representa un expediente judicial en curso, sino un test político para el oficialismo. La pregunta de fondo ya no es únicamente qué resolverá la Justicia, sino si el gobierno de Javier Milei está dispuesto a aplicar el mismo rigor moral que exige hacia afuera cuando las sospechas alcanzan a los propios.
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