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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 20/12/2025 10:30
El 3 de diciembre, la Corte Suprema inició formalmente el proceso de incorporación al Estado de dinero en efectivo y bienes inmuebles hasta alcanzar los USD 60 millones correspondientes a Lázaro Báez y su hijo Martín, en el marco de la causa conocida como la “Ruta del dinero K”. Este viernes, el Máximo Tribunal informó haber recibido USD 238.720 provenientes de distintas cuentas incautadas al empresario y poco más de $4 millones provenientes de la subasta de dos aviones. El dinero fue transferido a la Corte por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, a cargo de Néstor Costabel, tras la orden de avanzar con el decomiso de los bienes. Según la sentencia dictada por el TOF 4 en abril de 2021, confirmada por Casación en 2023, los montos decomisados alcanzan un total de USD 61.130.860, además de $4.174.697, cifra ajustable según el índice de precios del consumidor del INDEC. En este marco, la Corte solicitó la transferencia del dinero a dos de sus cuentas y la remisión de toda la documentación relacionada con las subastas realizadas. El 29 de mayo de 2025, la Corte Suprema, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisibles los recursos de la defensa, dejando firmes las condenas y los decomisos, lo que habilitó la ejecución efectiva de los bienes. Paralelamente, el Poder Ejecutivo había creado mediante decreto el Consejo de Bienes Recuperados, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, para administrar estos activos. Sin embargo, en octubre pasado, el juez Pablo Cayssials dictó una cautelar que frenó su aplicación, al considerar que la norma afecta la independencia judicial. El magistrado argumentó que el decreto “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito”, impactando directamente en la estructura del Poder Judicial y vulnerando su autonomía y autarquía presupuestaria. Durante la instrucción de la causa, la Justicia determinó la existencia de una organización criminal que entre 2010 y 2013 realizó maniobras de lavado de activos a través de la financiera SGI, implicando la expatriación de fondos de origen ilícito, principalmente provenientes de Austral Construcciones, empresa dirigida por Báez. En octubre de 2025, Lázaro Báez volvió a ingresar a la cárcel de Ezeiza, tras ser trasladado desde la Unidad Penitenciaria N° 15 de Río Gallegos. Así lo dispuso el juez federal Claudio Vázquez, quien rechazó otorgarle prisión domiciliaria pero ordenó su alojamiento en un lugar con mejores condiciones, debido a su delicado estado de salud.
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