» Sin Mordaza
Fecha: 19/12/2025 20:04
Las Sociedades Rurales de Romang, Reconquista y Vera manifestaron su solidaridad con el productor agropecuario Eduardo Alejandro Bieler, quien enfrenta un proceso judicial tras la aplicación de una sanción económica de gran magnitud en el marco de la Ley de Bosques Nativos en la provincia de Santa Fe. A través de un comunicado conjunto, las entidades expresaron su “profunda preocupación institucional” y advirtieron que este tipo de medidas puede generar “un daño grave e injustificado”. En el pronunciamiento, los ruralistas aclararon que no desconocen la importancia de la protección ambiental, pero subrayaron que su aplicación debe darse “con razonabilidad, proporcionalidad y pleno respeto por el debido proceso”. En ese sentido, sostuvieron que “la multa impuesta, desproporcionada al valor del propio establecimiento, resulta de carácter confiscatorio” y pone en riesgo la continuidad de la actividad productiva. Finalmente, reclamaron la intervención del Gobierno de la Provincia de Santa Fe para habilitar instancias de análisis y diálogo que permitan alcanzar “una solución justa y equilibrada”, capaz de resguardar tanto el ambiente como la producción. Las entidades firmantes reafirmaron su vocación de trabajo institucional y remarcaron que “el consenso es el camino adecuado para fortalecer la convivencia entre el Estado y el sector productivo”. Respuesta oficial Ante una consulta de LA NACION, en el gobierno de Santa Fe señalaron que en este caso se cumplió estrictamente con el procedimiento administrativo que establece la ley nacional 26.331 [de bosques nativos], leyes provinciales de Santa Fe 11.717 y 13.372. “La sanción no fue definida por esta gestión: fue determinada en 2021 y ratificada en distintas instancias a lo largo de esos años. La entonces ministra dictó la resolución que estableció la multa”, observaron. Según aclararon, los recursos presentados por el productor fueron evaluados por las áreas técnicas, jurídicas y por la Fiscalía de Estado. “En julio de 2024, la provincia rechazó el último recurso y, desde ese momento, el expediente quedó firme. Es importante aclarar que las sanciones no se establecen de manera arbitraria: responden a criterios técnicos y están previstas por la normativa nacional. La misma establece un rango entre 300 hasta 10.000 sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional“, respondieron.
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