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Paraná » 9digital
Fecha: 19/12/2025 18:47
Este viernes se desarrollaron los alegatos en el juicio oral contra Yamil Ale Abdala, propietario de un campo en Puerto Yeruá, y Sandro de la Cruz Vázquez, señalado como capataz del predio. Ambos están imputados por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en perjuicio de cinco trabajadores rurales. Según la acusación, los hechos ocurrieron entre el 7 y el 28 de septiembre de 2022 y salieron a la luz tras una inspección estatal que puso fin a la situación denunciada. El fiscal General José Ignacio Candioti, acompañado por el fiscal adjunto Juan Podhayny, solicitó penas de prisión efectiva y el pago de una compensación en favor de las víctimas. En su pedido, Candioti requirió 8 años y 6 meses de cárcel para Abdala y 8 años para De la Cruz Vázquez, acusándolos de coautoría en trabajo esclavo. Esta no es la primera vez que los fiscales federales piden duras penas para acusados de Trata Laboral. El año pasado, Candioti requirió y logró que José Abel Venturini, sea condenado a ocho años de prisión efectiva por el delito de Trata laboral, por la explotación sufrida por dos trabajadores correntinos en la construcción de una guardería de lanchas en la ciudad de Victoria. “Se afectó la dignidad de seres humanos” En su exposición, Candioti consideró probado que las víctimas fueron sometidas a padecimientos extremos, negándoles condiciones mínimas de higiene, salubridad, habitabilidad y seguridad. En ese sentido, sostuvo que se vulneró el bien jurídico protegido por la norma legal: la dignidad humana. El fiscal precisó que existió una división de roles: Abdala como patrón y De la Cruz Vázquez como capataz, ambos con dominio de los hechos. Al justificar el pedido de pena, sentenció que la magnitud del injusto era “de entidad trascendente” porque se actuó contra víctimas indefensas. Durante sus declaraciones, los imputados intentaron deslindar responsabilidades, culpándose mutuamente por las condiciones en que se encontraban los trabajadores. La semana próxima continuará el debate con los alegatos de las defensas, antes de que la jueza federal Noemí Berros dicte sentencia. Argumentos de la fiscalía Candioti y Podhayny sostuvieron que el capataz impartía órdenes y controlaba las tareas en un contexto de precariedad extrema: los trabajadores dormían sobre colchones en el suelo, bajo techos improvisados, y se alimentaban con productos no perecederos. Según la fiscalía, los acusados aprovecharon la vulnerabilidad socioeconómica de las víctimas, a quienes engañaron con promesas de salarios que nunca se cumplieron. En la práctica, los trabajadores cumplían jornadas de 11 a 12 horas diarias, muy por encima de lo que establece la legislación laboral. Candioti subrayó que la trata se consumó desde el momento en que las víctimas fueron captadas, trasladadas y puestas a trabajar en condiciones de explotación, lo que eleva el mínimo de la pena a 8 años de prisión efectiva. Resarcimiento a las víctimas Además de las condenas, la fiscalía reclamó una compensación económica en favor de los cinco trabajadores, en línea con la reforma de la Ley de Trata de Personas que contempla daños materiales, morales y laborales derivados de la explotación. La defensora de las víctimas, Yanina García, quien representa a cuatro de los afectados, acompañó el pedido.
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