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La Paz » Politica con vos
Fecha: 19/12/2025 18:30
La Justicia de Bariloche ordenó embargar el sueldo y el aguinaldo de la diputada nacional Lorena Villaverde por un total de $40 millones, en el marco de una demanda por incumplimiento contractual. La medida surge tras las denuncias de damnificados por la venta de lotes sin habilitación ni servicios en Las Grutas, sumándose a una serie de litigios y embargos previos que complican la situación patrimonial de la legisladora libertaria. La Justicia de San Carlos de Bariloche ordenó embargar los haberes de la diputada nacional Lorena Villaverde, incluyendo su dieta legislativa y el aguinaldo, hasta alcanzar la suma de $40 millones. El titular del Juzgado Civil Nº 3, Santiago Morán, ratificó esta medida cautelar en favor de un particular que adquirió un terreno en un loteo de Las Grutas y nunca recibió la posesión del mismo. Villaverde, cuya trayectoria política reciente se vio empañada por la imposibilidad de asumir en el Senado debido a una causa por narcotráfico en territorio norteamericano y supuestos lazos con el entorno de Federico “Fred” Machado, enfrenta ahora cargos por daños y perjuicios bajo la Ley de Defensa del Consumidor. El magistrado fundamentó su decisión en el evidente incumplimiento del contrato y el perjuicio económico derivado de la falta de entrega de una propiedad comprada originalmente en 2022. Incumplimientos y servicios inexistentes A pesar de que el proyecto inmobiliario prometía infraestructura básica como tendido eléctrico, agua potable y trazado de calles, el denunciante sostiene que, transcurridos tres años, el terreno sigue sin ser entregado y las obras pactadas no se ejecutaron. Ante este escenario, el juzgado barilochense determinó el embargo preventivo sobre los ingresos laborales de la legisladora de La Libertad Avanza. La cifra se desglosa en $27 millones de capital principal y otros $13,5 millones destinados a cubrir intereses acumulados y los costos del proceso judicial. Una acumulación de litigios en Río Negro El conflicto en Bariloche es apenas una pieza de un rompecabezas legal más amplio. En San Antonio Oeste, el Juzgado Civil y Comercial Nº 9 recibió esta semana otra presentación contra Villaverde, donde se exige una compensación superior a los $30 millones por una operación similar en Las Grutas. Esta nueva demanda, impulsada por un bufete de Viedma, refiere a la venta de una parcela de 465 metros cuadrados en el loteo denominado “Tajamar”, suscrita en septiembre de 2020. Los antecedentes inmediatos no favorecen a la diputada: En agosto pasado, el mismo juzgado de San Antonio ya había trabado un embargo de $50 millones en su contra. Para frenar otros dos litigios, Villaverde debió pactar acuerdos extrajudiciales por $12 millones y $10 millones con sendas damnificadas. Aunque la legisladora intentó justificar las demoras atribuyéndolas a las restricciones de la pandemia, las irregularidades parecen ser de fondo. Según registros catastrales, las tierras promocionadas figuran como zona rural y carecen de los permisos municipales necesarios para la urbanización o construcción. Sobre este punto, el abogado Lucas Cerro, quien representa a múltiples afectados, señaló en agosto de 2024: “En el caso de una de mis clientas, se ha hecho una construcción en el loteo y resultó que no tenía autorización”. El letrado además remarcó la gravedad de la situación temporal: “Los contratos están firmados y tenían un plazo. Los plazos están sumamente vencidos, llevamos aproximadamente tres años litigando”. Un desarrollo fuera de la norma Las acciones legales resaltan un vacío administrativo crítico: el fraccionamiento no contaría con el aval formal del municipio de San Antonio Oeste. La ausencia de un trazado urbano aprobado, de inscripción catastral y de la apertura oficial de arterias viales impide que cualquier comprador pueda gestionar escrituras, factibilidad de servicios básicos o permisos de edificación, dejando a los adquirentes en una situación de total vulnerabilidad jurídica. (Data Diario)
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