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Parana » Paginajudicial
Fecha: 19/12/2025 18:30
La suprema enfrenta una tercera denuncia. Esta vez fue promovida por una abogada y contadora que se desempeñaba en el Superior Tribunal de Justicia y fue reasignada en otra área sin su consentimiento y por razones políticas. El expediente tramita por cuerda separada a los otros que tienen a Susana Medina bajo investigación por mal desempeño. De la Redacción de Página Judicial La jueza Susana Medina enfrenta una nueva denuncia por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en este caso, promovida por una empleada judicial que le atribuye haber cambiado sus tareas profesionales en forma unilateral, inconsulta, sorpresiva y sin su consentimiento. La denuncia lleva la firma de Marta Cecilia Miño, abogada y contadora, que fue escribiente titular de la Sala en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), dijo haber sido víctima de mobbing (acoso laboral), signado por razones discriminatorias y de persecución por razones políticas. Según consta en la denuncia, la mujer dijo haber sido transferida a la recién creada Oficina de Gestión Única (OGU) del fuero civil, comercial y de familia de Paraná, a partir de octubre de 2023, sin especificidad de tareas y como represalia a su renuncia a la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), cuya conformación en la provincia le atribuye a Medina (sic). En principio, la profesional sostiene que el traslado fue “unilateral, inconsulto y sorpresivo”, a la vez que “infundado”. lo que lo tornaría nulo, según dice, en una resolución firmada por Medina, Claudia Mizawak y Martín Carbonell, como presidentes de cada sala e integrantes del Tribunal de Superintendencia del STJ. En la continuidad de su relato sostiene que, una vez en su nueva tarea, “comenzó una brutal violencia laboral” en su contra, como también dice haber recibido descalificaciones e insultos de parte de la coordinadora de la oficina, que le habría provocado un cuadro de angustia y depresión. Miño denunció estos hechos ante la Oficina de Sumarios y Violencia Laboral del STJ; pero asegura que la comisión de superintendencia, “liderada por la doctora Medina” le negó el derecho a ser oída e incurrió en una conducta incompatible con la función judicial al obstaculizarle el acceso a la justicia. Lo curioso es que Medina no integra “la comisión de superintendencia”, sino que la representación del STJ le corresponde a otra funcionaria y también la integran el gremio de los trabajadores judiciales, la asociación de magistrados –el gremio de los jueces– y los ministerios públicos. Sin embargo, la abogada y contadora Miño le atribuye a Medina “el accionar en comanda y dictar resoluciones contrarias a los principios constitucionales y fundamentales para perjudicar a los agentes judiciales que no le resultan afines”. En ese marco, le atribuye, específicamente, un desconocimiento y violación del acceso a la justicia, violación del debido proceso y derecho de defensa, negativa a reconocer notificación electrónica válida –la denunciante dice haberle remitido copia de su nota de renuncia a la comisión directiva de la UEJN– y el ejercicio de un tipo de violencia institucional persistente. “Este accionar constituye un abuso de poder contrario al principio republicano de gobierno y al control de legalidad de debe regir toda actuación pública”, aseveró la denunciante en su presentación ante la Comisión de Juicio Político, que preside Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) y de mayoría oficialista. La denuncia se suma a otras dos que están tramitando en la comisión parlamentaria y donde la jueza Medina ha sido acusada, en lo esencial, por haberse ausentado de la jurisdicción durante 668 días hábiles, en los períodos 2016-2019 y 2024-2025, equivalentes a tres años judiciales completos, la mayoría de ellas por “capacitación”, “actividades institucionales y académicas” o “actividades de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina”, lo que habría provocado un abandono de sus funciones y retraso en la tramitación de causas; y haber aceptado o gestionado “contribuciones” del Banco de Entre Ríos SA, o fundaciones que le pertenecen, a favor de la AMJA, lo que podría constituir un conflicto de intereses, ya que la Sala del Trabajo, que integra Medina, tiene para resolver causas contra el agente financiero. La suprema presentó un descargo en el que negó las acusaciones, dijo que constituyen una herramienta de presión en su contra y solicitó a la Comisión de Juicio Político el rechazo in límine. El lunes se presentaría ante los diputados que analizan su conducta para defenderse y responder preguntas. La comisión tiene un plazo de treinta días para expedirse respecto de las dos primeras denuncias, que expira el 5 de enero. Para sostener una acusación debe reunir dos tercios de sus miembros.
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