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Rio Negro » Adn Rio Negro
Fecha: 19/12/2025 16:07
(ADN).- n el debut de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados, el oficialismo consiguió aprobar en general el proyecto de Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota considerable: la oposición le volteó un capítulo entero -el XI- con el que Javier Milei pretendía, principalmente, derogar la ley de discapacidad y el financiamiento universitario. La media sanción, amputada en una de sus partes fundamentales, será girada al Senado para su sanción definitiva. El rechazo al capítulo XI fue una catástrofe, admitieron los libertarios. El impacto fue tal que, en las horas posteriores, comenzó a circular incluso la hipótesis de un veto presidencial al Presupuesto. El revés se dio después de la aprobación en general del texto, que se consiguió con el apoyo del interbloque Pro-UCR y los gobernadores peronistas alineados con la Casa Rosada: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Marcelo Orrego (San Juan). Reunieron 132 votos afirmativos, 97 rechazos y 19 abstenciones, en su mayoría del bloque Provincias Unidas. Para garantizar esta mayoría, el oficialismo negoció de manera frenética, y hasta la medianoche, con gobernadores y bloques aliados, a los que buscó retribuir con distintas concesiones a cambio de su apoyo. Pero el mayor escollo estuvo en la votación en particular de todos los artículos del proyecto oficial, cuya salvaguarda el Gobierno no tuvo nunca garantizada. El más polémico, el 75, proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en Discapacidad. El Gobierno ya había suspendido la vigencia de ambas normas pese a que ambas cámaras del Congreso rechazaron el veto que les impuso el Presidente. A sabiendas de que el artículo podía ser rechazado, el jefe del bloque oficialista Gabriel Bornoroni propuso que la votación en particular del proyecto se realice por capítulo -y no por artículo- para intentar diluir la ofensiva. Ganó la pulseada con los aliados, pero al caer la tarde volvieron a sonar las alarmas: algunos aliados, decididos a hacer valer su voto a un oficialismo urgido, anticiparon que no votarían el capítulo XI, donde estaba el artículo en disputa. Los libertarios intensificaron las negociaciones durante la madrugada y terminaron de delinear una estrategia contrarreloj. Para asegurar voluntades, a último momento Alberto “Bertie” Benegas Lynch anunció cambios en el texto: comunicó que se incorporaría un artículo para facultar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a girar a la Ciudad de Buenos Aires los fondos de coparticipación reclamados por el alcalde porteño, Jorge Macri, y avalados por un fallo de la Corte Suprema. Se trataba de un reclamo central de Pro. Esa cláusula fue ubicada deliberadamente en el capítulo XI, con el objetivo de preservar el resto del articulado sin modificaciones. En ese mismo apartado, el oficialismo relocalizó además el financiamiento por $21.300 millones destinado al Poder Judicial, que quedaría bajo la órbita del Consejo de la Magistratura. Con esa maniobra buscó, según admiten, evitar una eventual judicialización posterior. La lectura opositora fue inmediata y áspera. “Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI, porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora”, vociferó Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria. Sin embargo, al momento de la votación en particular, la jugada resultó insuficiente. Se aprobaron todos los capítulos, excepto el XI, que fue rechazado por 123 votos contra 117, con dos abstenciones. El Gobierno no logró contener a los catamarqueños alineados con Raúl Jalil, a los tucumanos de Osvaldo Jaldo ni a un puñado de radicales que se negaron a convalidar las maniobras oficialistas. El capítulo XI no solo concentraba la cláusula vinculada a la coparticipación porteña y al financiamiento del Poder Judicial, sino que además avanzaba sobre una batería de derogaciones sensibles: eliminaba la ampliación del régimen de zonas frías, dejaba sin efecto la movilidad del régimen de asignaciones familiares y prorrogaba la emergencia en salud pediátrica. Todo esto quedó sin efecto.
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