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» Diariopinion
Fecha: 19/12/2025 11:28
¿Aprobar el Presupuesto 26 y luego pagar el costo político de otro veto? ¿Modificar el proyecto y devolverlo a Diputados? ¿Dilatar el tema, como se vio forzado a hacer con la Reforma Laboral? Sobran preguntas y faltan respuestas sobre qué hará este viernes el gobierno de Javier Milei con el Presupuesto 2026 en el debate en comisión en el Senado, luego de la catastrófica derrota sufrida en Diputados, cuando intentó, una vez más, rechazar las ya aprobadas leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. Fue tan duro ese mazazo al mentón libertario, que frenó mucho del empuje derivado de la amplia victoria electoral, que el Gobierno creía se traduciría en rápidas aprobaciones parlamentaria. Con ese cuadro, este jueves los canales oficialistas mantuvieron el hermetismo sobre el camino a seguir en el Senado con la norma aprobada en la Cámara Baja. Aquella votación puso en la mira por sus frustrantes resultados a Martín Menem y Diego Santilli, negociadores de votos que no fueron los esperados y apoyos con varios gobernadores que finalmente no se concretaron. Lo cierto es que esa votación expuso al Gobierno a un bochorno, en el que hasta el PRO, habitual y sumiso aliado, terminó furioso y sintiéndose "traicionado" por el oficialismo. La mira apunta ahora a la reunión matinal de este viernes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que está citada a las 9 para debatir la reforma del Régimen Penal Tributario, que el oficialismo quiere tratar también en esa proyectada sesión del viernes 26 de diciembre. Y una hora más tarde el tema será el proyecto de Presupuesto 2026, ambos temas aprobados por Diputados en la volcánica madrugada del jueves. Algunas versiones indicaban que el dictamen "respetaría" el texto aprobado en Diputados, como dijimos con la frustrada derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad, pero otras voces indicaban que también se analizaba la posibilidad de introducir nuevamente ese polémico Capítulo XI, que también incluía las deudas de Camesa con las empresas eléctricas, la restricciones a la ley de zonas fría y la coparticipación Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que si se lograra dictamen y se aprobara el Presupuesto en la sesión del 26 de diciembre, el Gobierno debería definir luego qué hará con universidades y discapacidad, y si repite los incumplimientos de los anteriores mandatos legislativos, cuando argumentó que el Parlamento no había definido en sus sanciones de donde saldría el financiamiento de tales partidas. Ese tema motivó incluso presentaciones judiciales, y el juez federal de Campana Adrián González Charvay, incluso declaró inválida esa suspensión de la vigencia de la emergencia en Discapacidad de la gestión Milei, exigiendo que la ley "sea ejecutada de manera inmediata en todo el país". En el caso de la Reforma Tributaria, se descuenta el dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside Juan Carlos Pagotto. Más allá de eufemismos y nombres, se busca el blanqueo de dólares comprados en el mercado informal, que el Gobierno necesita casi con desesperación ante los enormes vencimientos de deuda que esperan en 2026. La iniciativa eleva los montos de 1.5 millón de pesos a 100 millones de pesos para considerar si hubo "delito de evasión simple" y a 1000 millones de pesos para que se revise si hubo "evasión calificada". También instrumenta un nuevo Régimen de Ganancias para los contribuyentes de hasta un patrimonio de 10 mil millones de pesos, donde se fija que en este caso no se podrá investigar hasta ese monto los cambios que haya existido en los bienes que tenga la persona que adhirió a ese sistema. Ley de Glaciares Por otro lado, el plenario de comisiones de Mineria, Energía y Combustibles, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable emitió dictamen de reforma a la ley de Glaciares, que también pasó a febrero en la segunda convocatoria a extraordinarias. La iniciativa tiene como objetivo "poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución". La reforma propone "reglas claras que protejan los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva", y habla de "fortalecer los estándares ambientales vigentes", señalando que se busca "eliminar la discrecionalidad que bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país".
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