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Usuhahia » Diario Prensa
Fecha: 19/12/2025 05:25
En medio de un crítico contexto económico nacional. El Concejo Deliberante de Ushuaia facultó al intendente Walter Vuoto a reorganizar el Gabinete, suprimir o unificar secretarías y adecuar el organigrama municipal a la realidad presupuestaria, en un contexto marcado por el recorte de fondos nacionales que impacta en las finanzas de la ciudad. El Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó por mayoría agravada una ordenanza que faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a avanzar en una reestructuración y reducción del Gabinete, mediante la modificación de los alcances de la Ordenanza Municipal Nº 6282, sancionada en 2023. La iniciativa apunta a brindarle al intendente Walter Vuoto herramientas más flexibles para suprimir o unificar secretarías, redefinir funciones y optimizar recursos. El objetivo central es eficientizar el gasto público y adecuar la estructura municipal al complejo escenario económico que atraviesa el país, marcado por el recorte y retiro de fondos nacionales que impactan directamente en las finanzas locales. Durante el debate en sesión, los concejales analizaron el alcance del proyecto, que autoriza al intendente a modificar denominaciones, misiones y funciones de las distintas áreas municipales, respetando el límite expreso de no ampliar el número de secretarías. En ese marco, se destacó la necesidad de reordenar prioridades de gestión y políticas públicas frente a la reducción de recursos disponibles. La ordenanza sancionada habilita al Ejecutivo a implementar una reingeniería administrativa basada en decisiones debidamente fundadas, con el propósito de ajustar el organigrama municipal a la realidad presupuestaria actual. Asimismo, se autoriza a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para llevar adelante los cambios que se dispongan. Finalmente, en la normativa establece que “toda modificación en la estructura del Gabinete deberá ser informada al Concejo Deliberante en un plazo máximo de 30 días, para garantizar así la transparencia y el control institucional sobre las decisiones adoptadas por el Ejecutivo”.
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