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» Sin Mordaza
Fecha: 19/12/2025 01:01
El Capítulo 11 del Presupuesto 2026 que malogró la euforia completa del oficialismo durante la votación de anoche en Diputados incluía dos temas que el Gobierno tiene entre ceja y ceja, y que malamente hizo entrar por la ventana en el debate parlamentario: el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. Se trata de dos leyes clave que durante 2025 tuvieron a maltraer a Javier Milei. Le valieron las movilizaciones más masivas (universitarios) y permanentes (discapacidad) de todo el año que termina y le pusieron un límite al apoyo desmedido de los aliados a cambio de fondos provinciales. Universidades La sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, a mediados de este año, fue una respuesta al pedido de los rectores de todas las casas de altos estudios públicas para el sostenimiento de esas instituciones. La ley sancionada hace meses tras dos marchas multitudinarias protege a las universidades de la motosierra mileísta. Básicamente garantiza financiamiento para su funcionamiento, recompone la masa salarial para docentes y no docentes, y permite el mantenimiento de la actividad pedagógica y de investigación que pone al sistema universitario argentino entre los primeros de América Latina. Su vigencia obliga al Estado nacional a actualizar el presupuesto universitario frente a la disimulada pero continua escalada inflacionaria. Entre otras cuestiones, ata las partidas de fondos al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y a la suba del dólar, actualiza permanentemente los sistemas de becas para estudiantes y establece una asignación progresiva atada al PBI. También refuerza la apertura de materias, carreras e investigaciones estratégicas; cubre los costos de gastos operativos, destina fondos para hospitales universitarios, y sostiene las prácticas científicas, tecnológicas y de extensión. Todo bajo el control la Auditoría General de la Nación (AGN) y demás organismos públicos que supervisan el uso de los fondos, tal como se hizo desde siempre. Lo cual desmantela el argumento del Gobierno sobre supuestos mal manejos de fondos universitarios, estructuras de gastos discrecionales y mantenimiento de actividades políticas. Discapacidad Lo mismo ocurrió con la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso con anuencia de la oposición y de algunos sectores aliados al oficialismo que no hicieron oídos sordos a la permanente presencia en las calles de instituciones y familias de personas con distintas discapacidades. Esa ley, la 27.793, declara la emergencia en uno de los sectores más sensibles de la sociedad y que, como si fuera poco, fue víctima del mayor escándalo de corrupción del Gobierno, detrás de la mega estafa con la cripto $Libra. La emergencia en discapacidad que el oficialismo no logró revertir obliga al Estado a garantizar los tratamientos de las personas con discapacidad, actualizar los montos de los profesionales que llevan a cabo sus terapias, subvencionar parte de los transportes especiales y asistir a las instituciones donde son atendidas. Como el mileísmo no logró anoche darle media sanción a la derogación de esa ley, queda en pie la actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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