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» Misionesopina
Fecha: 18/12/2025 09:52
Los legisladores del oficialismo misionero expresaron su respaldo a la Ley de leyes con el objetivo de evitar que el país transitara por tercer año consecutivo un ejercicio fiscal sin previsiones, limitando la discrecionalidad con la cual el Poder Ejecutivo Nacional conduce la distribución de los recursos. El artículo 75 como punto de inflexión La principal diferencia del bloque misionero se concentró en el artículo 75, que dispone la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sobre este punto, los diputados dejaron constancia de su desacuerdo y señalaron que ambas normas se encuentran “judicializadas” y que, en los hechos, “carecen de aplicación efectiva” al no contar con partidas presupuestarias específicas. Más allá del encuadre jurídico, los legisladores advirtieron que la derogación de estos marcos legales tiene un fuerte impacto simbólico y político, ya que afecta a dos sectores considerados estratégicos para el desarrollo social. En relación con las universidades públicas, señalaron que la falta de financiamiento adecuado compromete el funcionamiento cotidiano de las instituciones, la continuidad de proyectos de investigación y extensión, y el acceso a la educación superior, especialmente para estudiantes de sectores vulnerables. En cuanto a la discapacidad, remarcaron que la ausencia de recursos específicos repercute de manera directa en prestaciones, servicios de apoyo y políticas de inclusión. Según expresaron durante el debate, cualquier decisión que afecte este ámbito debe contemplar el impacto real sobre las personas y sus familias, en un contexto económico donde la demanda social tiende a incrementarse. Ajuste fiscal y derechos sociales El posicionamiento del Frente Renovador se inscribió en una discusión más amplia sobre el alcance del ajuste fiscal y sus consecuencias sociales. Desde el bloque misionero advirtieron que la búsqueda del equilibrio de las cuentas públicas no puede avanzar sin evaluar el costo social de determinadas decisiones, especialmente cuando se trata de áreas vinculadas a derechos fundamentales. En ese sentido, plantearon que la eliminación de leyes que reconocen situaciones de emergencia o garantizan financiamiento específico envía una señal política que trasciende lo presupuestario y afecta la relación del Estado con sectores históricamente vulnerables. La disidencia, explicaron, busca dejar constancia de esos límites y advertir sobre los riesgos de un enfoque exclusivamente fiscalista. Un equilibrio entre acompañamiento y advertencia La postura del Frente Renovador de la Concordia combinó así dos dimensiones. Por un lado, el acompañamiento al Presupuesto Nacional como herramienta de orden macroeconómico, previsibilidad y gobernabilidad. Por otro, una advertencia política respecto de la necesidad de sostener políticas públicas en áreas sensibles como la educación superior y la discapacidad. “Decidimos acompañar la ley general priorizando la estabilidad institucional y la responsabilidad fiscal, pero marcando la necesidad de garantizar recursos específicos para las universidades públicas y las personas con discapacidad”, expresaron los legisladores al sintetizar su posición. De este modo, el bloque misionero votó a favor del presupuesto, aunque dejó claramente expuesta una diferencia sustantiva en torno a la derogación de normas vinculadas al financiamiento educativo y a la protección de las personas con discapacidad, en una decisión que buscó equilibrar previsibilidad económica, federalismo, sensibilidad social y defensa de derechos. Cabe recordar que el Presupuesto fue aprobado con 132 sufragios afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. Mientras que el Capítulo 11 conteniente del artículo 75 derogador de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario fue desestimado con 123 votos negativos, 117 positivos y 9 abstenciones.
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