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» tn24
Fecha: 18/12/2025 00:31
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay condenó a cinco años de prisión a Julio Santiago Santillán, un enfermero que aprovechaba su función en el Hospital Justo José de Urquiza para sustraer y comercializar fentanilo y otros psicofármacos de uso hospitalario. Santillán, quien se desempeñaba como suplente en la Unidad de Terapia Intensiva, fue hallado culpable de los delitos de comercio de estupefacientes, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además de la pena de cárcel, el tribunal le impuso una multa superior a los cinco millones de pesos y la inhabilitación perpetua para ejercer su profesión. Según se acreditó durante el juicio, el enfermero robaba ampollas de fentanilo, un potente opioide sintético, durante sus guardias, ocultándolas en el antebaño del sector de terapia intensiva hasta reunir una cantidad suficiente para su comercialización. Posteriormente, ofrecía los fármacos a través de grupos abiertos de la plataforma Telegram, donde promocionaba el fentanilo destacando su extrema potencia en comparación con drogas como la morfina o la heroína. En los mismos mensajes también ofrecía otros medicamentos sujetos a control estricto, como risperidona, carbamazepina y lorazepam. La investigación se inició a partir de una denuncia anónima, que motivó la intervención de la Fiscalía Federal, a cargo de Josefina Minatta. En el marco de la causa se autorizó la participación de un agente revelador de la Policía Federal, quien bajo el seudónimo de “Ricky” logró infiltrarse en los chats utilizados por el acusado. Tras una compra controlada, Santillán fue detenido el 12 de marzo, cuando se encontraba en posesión de 34 ampollas de fentanilo y varios blísteres de pastillas. En los allanamientos posteriores se secuestraron más sustancias, cuya trazabilidad confirmó que provenían de lotes oficiales del hospital público entrerriano. Durante su declaración, el imputado reconoció el método utilizado para sustraer los insumos y justificó su accionar en problemas económicos personales. El fallo también dispuso el decomiso del teléfono celular del condenado, considerado una prueba clave, ya que allí quedaron registradas las transacciones y ofertas de medicamentos de venta restringida.
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