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Parana » Paginajudicial
Fecha: 17/12/2025 18:38
La vocal del Superior Tribunal de Justicia negó las acusaciones de mal desempeño. Dijo que las denuncias son utilizadas “como herramienta de presión y persecución institucional contra una magistrada” y pidió que sean rechazadas in límine. También se mostró dispuesta a declarar ante la Comisión de Juicio Político, aunque por vía remota. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Susana Medina dio un nuevo paso en su defensa ante la Comisión de Juicio Político: presentó un descargo en el que negó las acusaciones de mal desempeño, pidió el rechazo in límine de las denuncias y dijo estar dispuesta a declarar ante los diputados, aunque pidió hacerlo por vía remota. La suprema enfrenta dos denuncias donde se le atribuyen, principalmente, haberse ausentado de la jurisdicción durante 668 días hábiles, en los períodos 2016-2019 y 2024-2025, equivalentes a tres años judiciales completos, la mayoría de ellas por “capacitación”, “actividades institucionales y académicas” o “actividades de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina”, lo que habría provocado un abandono de sus funciones y retraso en la tramitación de causas; y haber aceptado o gestionado “contribuciones” del Banco de Entre Ríos SA, o fundaciones que le pertenecen, a favor de la AMJA, lo que podría constituir un conflicto de intereses, ya que la Sala del Trabajo, que integra Medina, tiene para resolver causas contra el agente financiero. El descargo ingresó en horas del mediodía por mesa de entradas de la Cámara de Diputados y será girado a la Comisión de Juicio Político. Tiene la firma de la propia Medina y de sus abogados, Ladislao Uzín Olleros y Andrés Bacigalupo. En lo esencial, Medina rechazó las acusaciones: “No existe daño institucional, no existe afectación del servicio de justicia, no existe retardo, negligencia, abandono del cargo ni incumplimiento funcional alguno” e insistió en que su despacho se encuentra al día, las licencias han sido aprobadas por el alto cuerpo en aplicación del régimen orgánico que las establece y las cuentas del Poder Judicial durante el ejercicio de su presidencia han sido aprobadas sin objeciones por el Tribunal de Cuentas. Pero también dedicó párrafos críticos a los denunciantes, al afirmar que las presentaciones en su contra “constituyen un intento manifiestamente improcedente de instrumentalizar el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional contra una magistrada”, algo que ya había planteado públicamente el constitucionalista Diego Armesto, que la asesora en la defensa. En ese marco es que solicitó que las denuncias sean rechazadas in límine, “no solo por inexistencia de causa, sino como acto necesario de defensa del debido proceso, de la independencia judicial y del sistema republicano de gobierno”, sostuvo. Negarlo todo En su descargo, Medina respondió a los hechos que le atribuyen el dirigente gremial Eugenio Jacquemain y la asociación Entre Ríos Sin Corrupción, una entidad que nació al calor del jury contra Cecilia Goyeneche y que ha hecho de esa causa una bandera. En su descargo dijo que las acusaciones constituyen “una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo”. En ese punto, señaló que las licencias han sido autorizadas por el STJ y que mayormente se debieron a razones institucionales, al tiempo que enfatizó que los supremos tienen un régimen especial de licencia, diferente a los jueces y camaristas inferiores; del mismo modo que justificó las comisiones de los vocales a tareas inherentes al gobierno del Poder Judicial. En cuanto a las ausencias por capacitación, aseveró que “es un deber de la magistratura”, aunque insistió en que todas fueron autorizadas por el STJ. “Muchas de las ausencias y licencias que se me cuestionan han sido para formarme, formar y capacitar a las nuevas generaciones del Poder Judicial de Entre Ríos”, insistió la magistrada en otro tramo de su descargo. No obstante, insistió que tiene su despacho al día, “sin morosidad”, como lo había hecho en la presentación espontánea que hizo ante la comisión; en respuesta a lo vertido por Entre Ríos Sin Corrupción en su denuncia, que le atribuye una demora en la tramitación de causas del 90 por ciento en 2024 y 88 por ciento en 2025. Hostigamiento Respecto del conflicto de intereses que le atribuyen por los aportes del Bersa, o fundaciones vinculadas, a la AMJA, dijo: “La descomedida y embozada imputación de haber recibido directa o indirectamente ‘gratificaciones’ de un contratista del Poder Judicial, no resisten el menor análisis”. En principio, la Comisión de Juicio Político parece haber descartado planteos por irregularidades en la designación de subrogantes ante excusaciones o recusaciones de integrantes del STJ y la prohibición de ingreso a tribunales a ciertos integrantes de Entre Ríos Sin Corrupción por haber protagonizado incidentes en una audiencia donde se debatían asuntos de corrupción contra el ex gobernador Sergio Urribarri. Sobre el primer punto dijo que el orden de subrogancia no es potestad exclusiva suya, “sino que es materia de consideración y aprobación por el pleno”. En cuanto al segundo aspecto, habló de “actos violentos” dijo que la prohibición de ingreso posterior se tomó en un contexto de “emergencia” y “en ejercicio del poder de policía de preservar la integridad y seguridad de magistrados, funcionarios del Poder Judicial y profesionales del derecho”; y enfatizó que los hechos tuvieron tal entidad que el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo una investigación sobre ello. Por último, Medina insistió en que “las imputaciones formuladas no describen hechos concretos, no individualizan actos jurídicamente reprochables, no identifican normas vulneradas ni acreditan daño alguno al servicio de justicia. Se trata de una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo, que desnaturaliza el instituto del juicio político y lo vacía de su finalidad constitucional, transformándolo en un mecanismo de hostigamiento incompatible con el Estado de Derecho”.
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