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» Clarin
Fecha: 17/12/2025 16:33
La causa de las fotomultas en la que está procesado el exministro de Transporte, Jorge D'Onofrio, suma un nuevo capítulo. Es que en juez de Garantías de La Plata quedó en el centro de una fuerte polémica judicial y política. Se trata de Juan Pablo Masi, titular del Juzgado de Garantías N.º 4, contra quien se presentó una denuncia formal para iniciar un Jury de Enjuiciamiento, con pedido de suspensión preventiva y destitución, por presunto mal desempeño, abuso de autoridad y parcialidad manifiesta. La presentación fue realizada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires por el abogado Matías Yofe y el diputado provincial Luciano Bugallo, quienes acusan al magistrado de haber intentado interferir en una investigación federal por lavado de dinero vinculada al escándalo de las fotomultas y la VTV. El trasfondo del conflicto es la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en el sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular, un escándalo que derivó en la renuncia del entonces ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio. Por esos hechos se abrieron dos investigaciones paralelas: una causa federal, radicada en el Juzgado Federal de Campana, Adrián González Charvay, por el delito de lavado de activos, que ya terminó con el procesamiento y embargo millonario de D’Onofrio; y una causa provincial, a cargo del juez Masi, por fraude a la administración pública y otros delitos ordinarios. Hace un mes, D'Onofrio fue procesado como presunto responsable del delito de “lavado de activos” y se ordenó un embargo por $350 millones en su contra. La medida incluyó a Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, con un embargo de $300 millones. Ambos continuarán en libertad y mantienen la inhibición general de bienes dispuesta en marzo de 2025. Sin embargo, el pedido de jury apunta contra el otro magistrado, Masi, que según la denuncia habría intentado absorber la causa federal, pese a que el lavado de dinero es un delito de competencia exclusiva de la Justicia Federal. La maniobra que desata el pedido de jury De acuerdo con la presentación de los dirigentes de la Coalición Cívica, el juez platense solicitó formalmente que el magistrado federal se inhibiera y le remitiera el expediente, argumentando -sin tener acceso a la causa- que no estaba probado el delito de lavado. La decisión fue rechazada tanto por el juez federal como por los fiscales intervinientes, que calificaron la maniobra como irregular e inédita, y remarcaron que la investigación federal llevaba más de dos años, con allanamientos, levantamiento de secretos bancarios y detección de cuentas y bienes en el exterior. Para los denunciantes, el objetivo habría sido frenar o debilitar la causa federal, que avanzaba contra el exministro. Con @LuchoBugallo y el patrocinio letrado de @MarianStil, pedimos el jury al juez Masi por grave mal desempeño en la causa D’Onofrio. Irregularidades y omisiones en una causa de extrema gravedad en la provincia de Buenos Aires. Nadie está por encima de la ley. pic.twitter.com/NWrVPeUh5s — Matías Yofe (@matiasyofe) December 16, 2025 Casi en simultáneo, el juez Masi tomó otra decisión controvertida: quitó el carácter de “particular damnificado” a una empresa que actuaba como querellante y había impulsado la investigación desde el inicio. Esa empresa había sido admitida previamente por el propio magistrado, y su exclusión -sostienen los denunciantes- dejó la causa bajo un control mucho más cerrado, sin actores externos que supervisaran el avance del expediente. La denuncia sostiene que la combinación de ambas decisiones revela un patrón de conducta orientado a beneficiar a D’Onofrio. El escrito también menciona vínculos personales y profesionales previos entre el juez Masi y el exministro. Señala que D’Onofrio habría tenido influencia en un jury anterior contra el magistrado, del cual Masi resultó absuelto en 2019, y que el mismo abogado defendió al juez en aquel proceso y luego al exministro en la causa de las fotomultas. Estos antecedentes, afirman los denunciantes, refuerzan la sospecha de conflicto de intereses y falta de imparcialidad, una de las causales expresas de remoción previstas en la ley. D'Onofrio negó las acusaciones en la Justicia D`Onofrio rechazó las acusaciones que lo involucran en presuntas maniobras ilegales. El ex funcionario de Axel Kicillof presentó un escrito en la fiscalía que también investiga otro supuesto hecho de corrupción: la red de abogados y funcionarios que cobraban a cambio de dar de baja parte o la totalidad de los montos de las fotomultas que se captaban en las rutas bonaerenses. Tal como informó Clarín, el dirigente que llegó al cargo por un acuerdo del gobernador con Sergio Massa, negó todas las imputaciones: a través de un documento de 25 carillas aceptado como parte de la declaración indagatoria, argumentó que el proceso de licitación para ofrecer el servicio de la VTV en todo el territorio “fue legal, público e internacional, contando con la intervención favorable de organismos de control y asesoría”. Para el fiscal Garganta, D`Onofrio “direccionó” las licitaciones para favorecer a empresas que se hicieron cargo de los talleres verificadores en concesiones que adjudicaron en 2024. Por esas fosas y revisiones deben pasar más de 4 millones de vehículos radicados en Buenos Aires y que abonan por lo menos $ 79.640 (el costo por un auto de uso particular de menos de 2.500 kilos) por cada service. El exfuncionario justificó la contratación de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A. para hacerse cargo de la “turnera” online y el sistema de cobro on line. Dijo fue “la opción menos costosa y necesaria para mejoras tecnológicas del servicio”. Para Garganta, en realidad sería una empresa “intermediaria” para cobrarle una coima a las concesionarias. “Se ha instrumentado un sistema de retorno de dinero que más tarde llegaría al Ministro de Transporte Bonaerense a través de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA a quien las empresas adjudicatarias debían abonarle la suma del 3% (en una primera etapa) y luego el 8,5% (en una segunda etapa) +IVA de los ingresos obtenidos por el servicio de VTV de manera mensual y por el tiempo que dure la concesión del servicio (10 años) a cambio del servicio que la misma prestaría: el otorgar los turnos on line”, dijo en su escrito.
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