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» Elterritorio
Fecha: 17/12/2025 14:52
Entre otras cosas, la Comisión detectó condiciones de higiene insuficientes, raciones de comida inadecuadas y ausencia de alimentos frescos en diferentes dependencias e instituciones relevadas. miércoles 17 de diciembre de 2025 | 11:30hs. La Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro de Misiones presentó su informe anual 2025, en el que analizó los diferentes casos que se registraron durante el año. El informe se centra en la situación procesal de las personas imputadas privadas de libertad, abordando variables como la cantidad de personas sin condena firme, distribución por unidades penales, circunscripciones judiciales involucradas y tipos de delitos en trámite. En ese marco, detallaron que durante el período relevado, la provincia registró un total de 1820 personas privadas de libertad en los ocho establecimientos penitenciarios del SPP. De ellas, 1097 cuentan con condena firme y 612 se encuentran en carácter de imputadas. Dentro de este último grupo, se identificaron 217 personas que registran más de dos años de privación de libertad sin sentencia. Asimismo, se registraron 1140 alojados en comisarías, que corresponden a 138 más que en diciembre del año pasado. Higiene y alimentación Así también, la Comisión realizó visitas de control y monitoreo en diversos contextos de encierro de la provincia de Misiones. Se llevaron a cabo en dependencias policiales y comisarías de múltiples unidades regionales; unidades penitenciarias del Servicio Penitenciario Provincial (SPP); centros modelo de Asistencia y Seguimiento para jóvenes en conflicto con la ley penal; hogares de niños, niñas y adolescentes y residencias de larga estadía para personas adultas mayores; el Centro Provincial de Prevención y Asistencia Integral para el Control de las Adicciones y el Hospital de Rehabilitación en Salud Mental “Dr. Ramón Carrillo”. Aun considerando las particularidades propias de cada institución, el trabajo de monitoreo permitió a los comisionados identificar dos problemáticas recurrentes: Por un lado, condiciones de higiene insuficientes, puesto que en diversos establecimientos se observaron deficiencias en limpieza, mantenimiento edilicio, ventilación y saneamiento básico. "Estas condiciones vulneran la obligación estatal de garantizar espacios compatibles con la dignidad humana, en cumplimiento del deber de garante asumido por el Estado provincial, conforme a la Ley IV - N.o 65, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 10) y a las Reglas Mandela (Reglas 12 a 18)", remarcaron. Y por otro, la calidad y suficiencia de la alimentación. "Se registraron raciones inadecuadas, ausencia de alimentos frescos y falta de dietas especiales para personas con patologías o medicación. Estos déficits contravienen las exigencias de las Reglas Mandela (Reglas 22 a 26), que establecen la provisión de alimentos nutritivos, suficientes y adaptados a necesidades médicas", detallaron. Por otra parte, la Comisión relevó que la situación de la educación en contexto de encierro. Indicaron entonces que "el fortalecimiento del derecho a la educación en contexto de encierro requiere políticas sostenidas, recursos adecuados y una coordinación interinstitucional sólida. Cuando la educación está presente con continuidad, apoyo tecnológico y con un enfoque interdisciplinario, se convierte en una herramienta real de dignidad, autonomía y futuro". Aunque también remarcaron que existen buenas prácticas en instituciones policiales, penitenciarias y de protección social que deben ser reconocidas y replicadas, como el funcionamiento de escuelas, la contención espiritual, y la admnistración de medicación controlada. Capacitaciones y programas La Comisión además destacó otro tipo de tareas realizadas, como capacitación al personal de la policía de la Provincia de Misiones en Derechos Humanos y Perspectiva de la Diversidad. También se llevó adelante el Programa “Creciendo a través de la disciplina”, concebido como una herramienta concreta para mejorar las prácticas institucionales en los contextos de encierro y contribuir a la prevención de la violencia, la protección de derechos y la reinserción social.
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