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Basavilbaso » Riel FM
Fecha: 17/12/2025 09:20
Por disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo del Juez Federal subrogante Hernán Viri, fueron citados a declaración indagatoria varios de los imputados en el expediente caratulado “CARU Comisión Administradora del Río Uruguay y otros s/ a determinar – Denunciante: Hartwig Carlos Jaime”, iniciado a partir de una denuncia presentada en julio de 2019. Entre los convocados se encuentra Pieter Jan de Nul, propietario y representante legal de la empresa Jan de Nul, histórica adjudicataria de las tareas de dragado del río Uruguay. También fueron citados exintegrantes argentinos de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), entre ellos Jorge Diego Satto, Juan Enrique Ruiz Orrico y Mauro Héctor Vazón. El caso de Satto y Vazón adquiere particular relevancia institucional, ya que ambos ocupan actualmente cargos de relevancia en la estructura provincial: Vazón preside el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, mientras que Satto se desempeña como Secretario de Turismo, funciones para las cuales fueron designados por el gobernador Rogelio Frigerio. Ambos integraron la CARU durante el período bajo investigación. Por su parte, Juan Ruiz Orrico, electo diputado provincial en 2023, también figura entre los imputados. Cabe recordar que Ruiz Orrico enfrenta además otra causa judicial por la muerte de cuatro jóvenes de Basavilbaso en un siniestro vial, cuyo juicio oral está previsto entre el 18 y el 27 de febrero de 2026. La denuncia sostiene que las obras de dragado del río Uruguay se habrían ejecutado mediante contratos con sobreprecios, lo que habría generado un perjuicio económico estimado en unos 20 millones de dólares, comprometiendo tanto a la empresa concesionaria como a funcionarios que debían ejercer tareas de control dentro del organismo binacional. Según las notificaciones oficiales, las audiencias de indagatoria fueron fijadas —en algunos casos— de manera remota, a través del sistema Google Meet. Asimismo, se instruyó a Gendarmería Nacional para que realice las notificaciones personales, verifique domicilios y acredite fehacientemente la identidad de los imputados. A más de cinco años de la denuncia original, la causa vuelve a tomar estado público, no solo por el monto del presunto perjuicio económico, sino también porque involucra a funcionarios que actualmente ejercen poder político y funciones de control institucional. La investigación penal, iniciada en julio de 2019 cuando el Juzgado Federal Nº 1 estaba a cargo de Pablo Andrés Seró, permaneció sin avances significativos hasta esta nueva resolución adoptada por el Juez Hernán Viri. A partir de esta decisión, los imputados deberán designar abogados defensores y presentarse a prestar declaración indagatoria. Las audiencias están previstas para realizarse entre diciembre de este año y marzo de 2026. Fuente: Análisis / El Entre Ríos / Diario Junio
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