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Paraná » 9digital
Fecha: 17/12/2025 08:00
El fiscal Juan Ramírez Montrull presentó una férrea oposición al pedido de suspensión de juicio a prueba solicitado por la defensa de Leonardo Schonfeld, quien está a un paso de asumir como fiscal auxiliar, acusado por presunta defraudación fiduciaria vinculada a la construcción de un edificio en calle Feliciano 144. Montrull amplió los hechos que se le endilgan al imputado en calidad de autor y sostuvo que la magnitud del perjuicio y la gravedad objetiva del caso demandan una condena de cumplimiento efectivo. La querella particular, encabezada por Laureano Ríos y acompañada por una decena de presuntas víctimas, se alineó con la postura del Ministerio Público Fiscal. El fiscal dejó en claro que Schonfeld no puede asumir además porque tiene trabado embargos y deudas concretas. Este miércoles tendrá otra citación a indagatoria. La situación adquiere un matiz especial porque el 20 de septiembre de 2025, el pliego de Schonfeld para ocupar el cargo de fiscal auxiliar en Villa Paranacito —a propuesta del Poder Ejecutivo entrerriano— recibió el acuerdo constitucional de la Cámara de Senadores. El postulante, que había sorteado el concurso para fiscal auxiliar en 2018, recién este año ve concluido ese proceso, y aguarda la publicación oficial de su designación en el Boletín Oficial para asumir el cargo, lo que convierte a este expediente en un caso con fuerte repercusión institucional. Montrull fue categórico al señalar que no existen motivos para que el Ministerio Público Fiscal prescinda de la acción penal, dada la “magnitud del injusto”, la ausencia de voluntad reparadora por parte del acusado y la irrisoria oferta económica presentada. Schonfeld propuso pagar 3.000.000 de pesos en seis cuotas a modo de reparación simbólica. Según los informes periciales y contables, el dinero total recibido por el imputado asciende a 1.500 millones de pesos, equivalentes a un millón de dólares, mientras que la obra quedó inconclusa en un 40%, con un costo adicional estimado en 1.300 millones de pesos. El fiscal Montrull (segundo a la izquierda de la imagen) junto al abogado querellante Ríos argumentando ante el juez Ruhl los motivos del rechazo a la probation. Entre los actos fraudulentos enumerados por la Fiscalía se destacan el uso de fondos para cancelar deudas de otros fideicomisos, préstamos personales tomados por el imputado por 304.000 pesos a valores históricos, la simulación de ingresos para adjudicar unidades funcionales, la sobreventa de departamentos y cocheras sin autorización municipal, y la generación de pasivos comerciales que debieron asumir los fiduciantes. “Buscar una salida ahora por un instituto, una salida alternativa al proceso sin reparar de ninguna forma el daño, lo que está logrando en definitiva es la consumación de este perjuicio económico”, advirtió el fiscal, calificando la propuesta de reparación como “ilusoria”, equivalente al 0,2% del daño ocasionado. El representante del Ministerio Público también subrayó el impacto humano, con más de 30 víctimas involucradas, y recordó que la causa se inició por denuncia directa de los afectados. También recordó que uno de los aportantes se quitó la vida producto de que perdió todos los ahorros de su vida en ese proyecto trunco. Para la Fiscalía, se trata de un caso de estafa con un único responsable que debe responder con su patrimonio. Además, se constató que el imputado renunció como fiduciario en febrero de 2021 sin rendir cuentas ni informar a los inversores, luego de haber recibido la totalidad del dinero de inversión. Del otro lado, el abogado Rubén Pagliotto, defensor de Schonfeld, expuso un recorrido crítico sobre el proceso judicial y las motivaciones que, según él, lo impulsan. “Esto se trata de un hecho que está a priori calificado o subsumido en la figura del 173, inciso 12, que define el delito de administración fraudulenta de carácter fiduciario”, señaló, aunque sostuvo que lo que existe hasta el momento es apenas una sospecha, “muy lejos de probarse”. Pagliotto trató de instalar que hay una persecución contra su representado. Pagliotto afirmó que la causa “sorpresivamente se mueve” en paralelo al pliego de su cliente para ser designado fiscal auxiliar, lo que interpreta como una motivación extrajurídica. En pocas palabras, Pagliotto sostiene que Schonfeld, quien es docente de la Universidad Católica Argentina es víctima de una persecución por parte del jefe de los fiscales, Jorge García. Defendió la presentación espontánea de Schonfeld, quien aportó documentación y pruebas que —según dijo— diluyen las acusaciones, y denunció una “animadversión apriorística” en la oposición a la probation. “Incluso hay mails donde él va ofreciendo y se va interesando de cómo va caminando la cosa”, agregó, y mencionó la existencia de prueba anticipada en materia civil que refuerza la posición de su defendido. El defensor comparó el caso con antecedentes de corrupción de gran magnitud, como la “cumbre del Mercosur”, donde —según dijo— no se observó el mismo celo del Ministerio Público Fiscal pese a que se trataba de millones de pesos del erario público. Calificó la causa actual como “una pavada en términos de volumen y complejidad”, aunque con consecuencias dañinas. Citó jurisprudencia y opiniones de vocales del Superior Tribunal de Justicia que sostienen que la probation es una medida procesal y que el Ministerio Público Fiscal no puede atribuirse facultades jurisdiccionales. “Son casi cuarenta años de ejercicio de la profesión y muy pocos casos, nunca uno parecido a este, peor aún, he tenido que enfrentar en los que se opusieran a la concesión de este beneficio, sobre todo tratándose de una persona sin antecedentes, primaria”, remarcó Pagliotto. Insistió en que el derecho penal es de “última ratio” y que la suspensión del juicio de prueba es aplicable. Finalmente, interpretó el avance acelerado de la causa como un acto de discriminación encubierta y subrayó que la cuestión tiene “una naturaleza mucho más civil que penal”. El fiscal Montrull le respondió a cada uno de los planteos de Pagliotto. Es más aseguró que en todos los casos que enumeró de probation las víctimas estuvieron de acuerdo, algo que en este caso no sucede. Y además sostuvo que no hay registros de qué hizo con la plata quien pretende ocupar un cargo público para investigar delitos. También aseguró que en esta situación hay un único responsable y es Schonfeld. La audiencia dejó expuestas dos posiciones irreconciliables: la Fiscalía, que reclamará una condena efectiva por la magnitud del fraude y el daño a las víctimas, y la defensa, que denuncia motivaciones políticas y discriminatorias detrás del proceso. El desenlace quedará en manos de la Justicia, que deberá resolver si concede la suspensión del juicio a prueba o avanza hacia un debate oral y público, en un contexto donde la definición no solo impactará en el futuro judicial de Schonfeld, sino también en su inminente designación como fiscal auxiliar en Villa Paranacito. La semana próxima el juez de Garantías, Eduardo Ruhl dará a conocer su resolución.
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